El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este martes el denominado impuesto a las grandes fortunasal rechazar el recurso que presentó la Comunidad de Madrid alegando que se invadían sus competencias. Así lo ha decidido el órgano judicial tras valorar ese escrito que expuso a principios de este año el Gobierno regional, que calificaba la norma de "atentado" contra la propia comunidad.

La sentencia, con una mayoría de siete magistrados a cuatro, ha contado con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. En ella se recuerda, respecto a la mencionada vulneración de la autonomía financiera, que el impuesto sobre grandes fortunas" es complementario del IP -tributo de titularidad estatal cedido a las comunidades autónomas- de modo que lo satisfecho por este se descuenta para determinar la cuota del nuevo impuesto, el cual no afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas sobre el IP".

Así, se desprende del escrito que "el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del IP aplicables en la Comunidad de Madrid seguirán siendo, única y exclusivamente, los que esta decida, sin que el impuesto sobre grandes fortunas suponga cambio alguno". Asimismo, la sentencia subraya que el recurso no indica ninguna competencia autonómica que se haya visto afectada por el impuesto impugnado.

La queja real de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a tres millones de euros tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio. Para el tribunal, este objetivo no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos. Si en el pasado el Constitucional ya ha reconocido que el Estado puede ocupar un espacio fiscal autonómico para armonizarlo, con mayor razón podrá hacerlo en su propio espacio fiscal, como es este.

El Gobierno central no ha tardado en entrar a valorar la decisión tomada por el Pleno del Constitucional, que ha calificado de "importante" por su trascendencia y su aplicación en el territorio madrileño. "Queremos una fiscalidad justa", ha explicitado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. El impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio. Además de Madrid, otras tres comunidades autónomas -Andalucía, Galicia y Murcia-, todas ellas gobernadas por el PP, han recurrido la tasa.

Asimismo, en marzo la Asamblea de Madrid presentó ante el Constitucional su propio recurso, en cumplimiento con el mandato del pleno de la Cámara regional, que aprobó esta iniciativa a propuesta del PP y con el apoyo de Vox. El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha recaudado 623 millones de euros este 2023, afectando a 12.010 grandes patrimonios -el 0,1 % del total de los contribuyentes-, que han abonado una cuota media de 52.000 euros, según datos del Ministerio de Hacienda.