Nuevo choque en el Gobierno de coalición. Las tensiones entre los socios del Ejecutivo vuelven a aflorar en la recta final del año, con nuevos desencuentros a raíz de la Ley Trans y la de Familias, así como por la propuesta de elevar el periodo de cómputo de las pensiones.

Una idea que el Ministerio de Seguridad Social lanzaba este lunes en la Mesa del Diálogo Social sobre Pensiones, donde planteó ampliarlo progresivamente hasta los 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, con lo que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización.

Propuesta que aparentemente ha pillado por sorpresa a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de viaje en México, desde donde la ha rechazado de plano. "La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir", ha aseverado.

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda ya adelantaban a laSexta este lunes que no compartían "nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones", argumentando que "las soluciones no pasan por recortar" y advirtiendo de que "un incremento del periodo de cálculo constituye un recorte que dificulta acceder a la jubilación".

Retraso de la Ley de familias

Un nuevo punto de fricción que se suma al que ha generado en las últimas horas la aprobación de dos leyes elaboradas por ministerios en manos de Unidas Podemos: la Ley Trans y la Ley de Familias. Aunque estaba previsto que esta última se abordase este mismo martes en el Consejo de Ministros, desde Derechos Sociales acusan al ala socialista del Ejecutivo de volver a retrasar su aprobación.

Fuentes del departamento que dirige Ione Belarra informaban, tan solo unas horas antes de que la norma -que incluye un permiso retribuido para cuidar a convivientes- llegara a la mesa del Consejo de Ministros, de que Presidencia les había comunicado que finalmente no se aprobaría este martes. Una nueva dilación ante la que el Ministerio traslada su preocupación por "los constantes retrasos" -de los que culpa al PSOE- de una norma que considera "muy urgente para las familias".

La noticia, sin embargo, la daba antes, a última hora del lunes, el que fuera líder de la formación morada, Pablo Iglesias, en la 'Cadena SER', donde aseguró que el PSOE "quiere dar codazos al socio en este nuevo año electoral". "Creo que esto es un error", advertía el exvicepresidente.

Desde Moncloa, entretanto, aducen cuestiones técnicas para explicar por qué la ley no va a este Consejo de Ministros: afirman que el texto tiene aún alegaciones de diferentes ministerios y que hay que armarla bien.

División por la Ley Trans

La controversia en el seno del Gobierno en torno a la aprobación de la Ley de Familias se suma así a la que genera otra ley que viene dividiendo a PSOE y Podemos desde hace meses: la Ley Trans. El lunes, Irene Montero anunciaba que el PSOE le había comunicado su decisión de mantener las enmiendas a este norma, que ya han causado rechazo dentro del propio partido y que una de sus dirigentes históricas, Carla Antonelli, se diera de baja de la militancia el pasado mes de octubre.

"Nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo e irá con sus enmiendas vivas" a la tramitación de la norma", revelaba la ministra de Igualdad el lunes en 'TVE', donde alertó de que PSOE y PP podrían sumar sus votos para "intentar imponer un recorte de derechos".

La Ley de Trata llega al Consejo de Ministros entre desacuerdos

Sí va al Consejo de Ministros de este martes, en cambio, la Ley de Trata, tras posponerse hasta en dos ocasiones -una de ellas por el positivo en COVID-19 de la ministra de Justicia, Pilar Llop- que los socios estuvieron negociando hasta la misma noche del lunes. No obstante, desde Igualdad trasladaban el lunes que la propuesta les parecía "insuficiente" y que "no responde a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia".

Inciían asimismo en que era "imprescindible" que el texto incluyera la posibilidad de que la víctimas de trata en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de denuncia o colaboración policial. Desde el ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, hay malestar por esta afirmación, puesto que niegan que no se diera protección a las víctimas si no denunciaban.

En este sentido, fuentes de Moncloa consultadas por laSexta reconocen su hartazgo por las "constantes quejas" de su socio y su "obsesión por marcar perfil propio".