Rita Barberá lo negó una y otra vez durante sus explicaciones a los medios después del estallido de la operación Taula, pero el juez de Valencia ha pedido al Tribunal Supremo que la impute por un supuesto delito de blanqueo de capitales, algo que para Irene Montero, constata que "el PP parece más una organización para delinquir que un partido político".
El juez considera que existen indicios suficientes de que la exalcadesa valenciana y casi todo su grupo municipal habrían cometido el delito poco antes de la última campaña de Barberá. Incluso desde su partido, Isabel Bonig ya ha reconocido que le gustaría "que diese explicaciones".
Según las investigaciones, parte del PP valenciano habría ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido. Una cantidad que posteriormente les habrían devuelto en negro, en un caso de "corrupción total", como lo denominaba Alcón en unas grabaciones telefónicas.
La fiscalía cree que el dinero en efectivo podría proceder de comisiones cobradas a empresarios a cambio de adjudicaciones, y sus dudas podrían tener respuesta en los próximos días.