Alberto González, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ofreció en febrero a la Fiscalía llegar a un pacto en el que élse declarara culpable de dos delitos contra la Hacienda Pública para evitar el juicio. laSexta ha tenido acceso a los correos electrónicos intercambiados entre la defensa de la pareja de Ayuso y la Fiscalía de Madrid.

Carlos Neira, abogado de Alberto González, inicia los contactos para intentar un pacto de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda el 2 de febrero. Según el mail son dos delitos fiscales que "ciertamente se han cometido". "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT", escribe la defensa de la pareja de Ayuso.

En su respuesta, el 12 de marzo, el fiscal Julián Salto Torres le adjunta copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa y emplaza a la defensa de González al futuro, cuando se haya designado un juzgado.

"Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible", escribe el fiscal.

Según fuentes jurídicas, el trámite normal en estos casos es que los investigsdos primero paguen la deuda con Hacienda y reconozcan los delitos. A partir de ahí se toman todas las declaraciones y se evalúa la prueba. El artículo 305.6 del Codigo Penal permite rebajar la pena en dos grados si se paga en los dos primeros meses. Por eso la conformidad nunca es inmediata. En este caso habría que valorar también la falsedad. Y siempre tiene que estar de acuerdo con imputado y Fiscalía la Abogacía del Estado, que en este tipo de procedimientos fiscales representa a la Agencia Tributaria. No hay pacto si no se suma también la Abogacía del Estado.

Así, el fiscal del caso entendió que no podía haber acuerdo de conformidad hasta que no se llegara a la fase de juicio oral y presentó la denuncia en la que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.

En el caso en el que llegaran a un acuerdo, esto supondría pagar la cuota defraudada, es decir, 350.000 euros, además de una multa inferior a la que solicitaría inicialmente y rebajar la pena de cárcel en dos grados.

Además, la pareja de Ayuso recibió casi dos millones de euros en comisiones por "intermediar" para la empresa FCS en la compraventa de productos sanitarios en los peores meses de la pandemia, entre mayo y agosto de 2020. Así lo ha desvelado elDiario.es, que ha accedido a la contabilidad que la empresa de González, Maxwell Cremona SL, remitió a la Agencia Tributaria, donde expuso que de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020, 1.973.000 procedieron de este contrato.

Su papel, según la Inspección de Hacienda, era el de "mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de productos". En este contrato, FCS garantizaba a Alberto González un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase.