El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha afirmado que "casos de 'lawfare' sin duda" hay en España, algunos de "alta intensidad" y otros de "baja intensidad" y ha señalado que negarlo es un "gesto de cinismo".
En una entrevista con ElDiario.es publicada este domingo el exalcalde del PSOE ha puesto como ejemplo de 'lawfare' el sufrido por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell, que dejó la política tras ser imputada por su actuación como jueza en un caso que fue finalmente sobreseído y que derivó en la condena del juez instructor por prevaricación, cohecho y falsedad.
"Es un caso de 'lawfare' de libro, pero hay otros de menor intensidad que están muy claros también y que han sucedido en este país", denuncia en una entrevista en la que compara el 'lawfare' con las 'meigas' porque "uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas".
Puente no responde además a si la investigación por terrorismo al expresident Carles Puigdemont es también un caso de 'lawfare'. "Vamos a verlo. Yo creo que el procedimiento no ha hecho todo su recorrido hasta el final", señala al respecto.
El ministro de Transportes defiende además que el Gobierno no va a "a establecer instrumentos de revisión de sentencias", al tiempo que ha defendido el derecho de los políticos a "ser críticos con algunas decisiones judiciales y de serlo también sobre la base de hechos objetivos y de una cierta revisión de las decisiones y de cómo se han tomado".
"Las imágenes de los jueces y fiscales con toga en la puerta del juzgado me parecen inasumibles", ha sostenido además Puente, que cree que los jueces exageran al decir que se pone en riesgo la independencia judicial con la ley de amnistía, cuando no se "rasgaron las togas" cuando un político del PP dijo que controlarían la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás.
Por otra parte, Puente ha defendido la figura del mediador internacional en el diálogo con el independentismo catalán al sostener que es "coherente" con una situación de "mucha desconfianza" aunque cree que no será necesario porque el PSOE va a cumplir con sus acuerdos "sin necesidad de verificación".
Además, se ha desvinculado de la querella de Sumar contra diez vocales del Consejo General del Poder Judicial porque no le ve recorrido y ve un "grave error" ir a la jurisdicción desde la política "con muchas probabilidades de que no prospere".