"La prueba practicada a lo largo del juicio constituye un cuadro complejo", avisa el extenso auto de la Audiencia Nacional sobre la rama de la Gürtel referente a las prácticas en Boadilla del Monte, la cual comienza con la entrega de unas grabaciones realizadas por un exconcejal del PP entre los años 2005 y 2007.

José Luis Peñas grabó sus conversaciones con Correa, Crespo, Luis de Miguel, Isabel Jordán y otros "con un USB que llevaba en el bolsillo", señalando los "delitos fiscales, delitos societarios, fraude a la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, extorsión y chantaje a funcionario público, tráfico de influencias y prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos" que afirmaba -y así ha quedado demostrado- que se estaba llevando a cabo en la formación.

Entre los documentos hallados, el auto destaca, en primer lugar, esa "carpeta azul" en la que aparecía identificada esa 'caja B' del Partido Popular, recogiéndose en ella "todas las operaciones que se hacían con el dinero obtenido de las comisiones por adjudicaciones ilegales que permanecía fuera del circuito oficial y opaco a la Hacienda Pública". "Ya en su exterior reflejaba su importancia y contenido", añade el auto.

Además, había un 'pen drive' de José Luis Izquierdo en el que se contenía "toda la contabilidad de la organización" y estaba "bajo llave" en una caja fuerte por orden de Francisco Correa. "Izquierdo tuvo tiempo de sacarla y esconderla entre sus ropas, lo que fue advertido en el momento de su detención al hacer amagos por ocultarlo a los investigadores que se incautaron del mismo", explican.

"La cantidad y complejidad de la documentación incautada dio lugar a la que se fueran realizando por los investigadores policiales sucesivos informes en el que se ordenaba, cotejaba y se relacionaban entre sí toda la información que estos ofrecían y lo que queda reflejado en los Informes Periciales redactados por ellos, ratificados en el acto del juicio o admitidos como pericial documentada", añade el auto.

Tras detallar el 'modus operandi' del grupo, afirman que se "reprodujo" en Boadilla del Monte, donde los gerentes Alfonso Bosch y Tomás Martín Morales fueron designados "para poder hacer realidad sus propósitos", que no era otro que "poder ejercer mayor control sobre las adjudicaciones y contratos de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, que en el Ayuntamiento donde existía la posibilidad de una mayor fiscalización por parte de los grupos opositores".