El ministro les ha propuesto, en la Comisión de Educación del Congreso, convocarlos a "contactos bilaterales" para tratar aspectos "centrales" del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
El fin es que éstos elementos queden al margen de los cambios políticos, aquellos que están dirigidos al objetivo principal de reducir el abandono educativo prematuro, según Wert, que ha sido recibido en la comisión por el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso y otros diputados del PP.
Así, el ministro se ha referido a la organización de la enseñanza, los itinerarios formativos y las evaluaciones de final de etapa. Ha negado que éstas se conciban como carreras de obstáculos, sino que son "un estímulo para los estudiantes y los profesores".
En el caso del castellano en las comunidades con lengua cooficial, ha ofrecido sentarse y discutir si la Generalitat de Cataluña ofrece una alternativa a la propuesta ministerial para garantizar la "efectividad" del derecho a escoger la enseñanza en castellano.
Wert se ha mostrado "en la mejor disposición" para que la consejera catalana, Irene Rigau, le enseñe el "mapa" de centros públicos de esa comunidad donde, según ella, existe una oferta razonable de asignaturas no lingüísticas que se imparten en castellano.
Ha rechazado que el proyecto invada competencias autonómicas y ha señalado que la "soledad" que le atribuye la oposición es "espléndida, muy acompañada" por la mayoría absoluta del PP.
En este punto, Alfred Bosch, de ERC, espera que el ministro respete las leyes de educación y de normalización lingüística de Cataluña, aprobadas con mayorías "muy superiores" a las del PP en las Cortes.
El diputado Mario Bedera (PSOE) ha rechazado el anuncio hecho por Wert de iniciar un diálogo con los grupos; "no tiene credibilidad política cuando lleva un año negando cualquier tipo de acuerdo", ha destacado.
El grupo socialista ha expresado el temor de que el PP "trate de sacar la ley de tapadillo, aprovechando los meses estivales" y ha preguntado al ministro por las previsiones de entrada en vigor de la ley, cuando el proyecto dice que comenzaría a implantarse el primer curso transcurridos nueve meses después de su publicación en el BOE.