El PP ya está preparando una batería de medidas para desactivar la 'Ley Celaá' en las cinco comunidades donde gobierna. Lo quieren hacer con órdenes y decretos regionales, para blindar la educación concertada, la educación especial y el castellano como lengua vehicular, según apuntan a laSexta.
Este viernes, han anunciado que la dirección nacional se reunirá con colectivos y asociaciones. Y la semana que viene con consejeros de educación de las comunidades autónomas para perfilas las acciones.
Pablo Casado también ha confirmado que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley en cuanto entre en vigor. El presidente de los populares se ha comprometido a derogar la ley cuando llegue a La Moncloa.
La ofensiva de los populares se llevará a cabo en las calles también. Los dirigentes del PP tienen previsto participar en las movilizaciones ciudadanas que se produzcan el próximo domingo.
A juicio de Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, esta norma "rompe" la igualdad educativa: "Defenderemos la libertad acudiendo a Europa y a través de un recurso de inconstitucionalidad cuando la ley se publique en el BOE".
La responsable de Educación del PP, Sandra Moneo, ha revelado en el pleno del Congreso que en su partido utilizarán "todos los instrumentos" a su alcance para frenar la norma.
Madrid, de hecho, ha empezado a hacer movimientos en esta dirección. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una norma regional que blinde la concertada y la educación especial y "donde la autoridad del maestro y su relación directa con cada alumno se fortalezcan".
"Por un lado, estamos estudiando la presentación de cualquier recurso que sea necesario ante los tribunales y, por otro, ya se ha encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que examinen y analicen todas las opciones jurídicas para que en Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad", ha expresado, por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
La concertada sale a la calle
La resistencia a aplicar la ley procede también de los centros concertados especialmente. Una veintena de asociaciones de centros y de padres y madres se han unido en la plataforma Más Plurales, que están emprendiendo una recogida de firmas y se ha estado manifestado bajo el lema #StopleyCelaá.
Desde la plataforma hablan de un "ataque directo a la libertad de enseñanza". La razón, según explica su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, a laSexta.com es que esta ley elimina el concepto de "demanda social" que incluía la LOMCE y que otorgaba más poder de elección de centro a los padres. Para ellos, "la ley supondrá la desaparición de unidades concertadas aunque sean queridas por la familias".
El texto definitivo establece que no se podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Con esta medida, se quiere poner fin a la controversia sobre los cobros de cuotas, que en la práctica sucede en la mayor parte de centros.
Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), realizado en 336 centros educativos concertados, concluyó que el 90% de los colegios cobran una cuota base a las familias, y que en un 89% de los casos son obligatorias.