El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido que se impidió que el rey Felipe VI viajase el pasado viernes a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona por la cercanía del 1 de octubre -el tercer aniversario del referéndum ilegal- y por la inminente sentencia sobre la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.

En una entrevista en RNE, Campo ha reconocido que el Ejecutivo no solo buscaba velar por la "seguridad" del monarca, sino que además tenía una intención de "velar por la convivencia" en Cataluña.

Es por eso, ha continuado el titular de Justicia, que el Gobierno instó al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a posponer la celebración del acto. "Si se podía hacer unos días después... ¿por qué íbamos a generar una tensión?", se ha preguntado, para después asegurar que el propio Lesmes rechazó el aplazamiento.

En este contexto, Campo ha dejado claro que no hay "ningún frentismo con la Casa Real", y que lo único que ha existido son "una serie de actuaciones" por parte del Gobierno ante las razones que "desaconsejaban la presencia" del propio Felipe VI de la capital catalana.

Con todo, el ministro de Justicia no cree que la polémica generada en torno a la ausencia del rey sea "imputable a Lesmes" por no acceder al aplazamiento de la entrega de despachos. "Con una cierta normalidad se pidió si se podría trasladar a una fecha posterior... el presidente Lesmes tenía la competencia y lo ha hecho", ha añadido. Así, y para justificar lo excepcional del acto, Campo ha recordado que solo acudieron ocho vocales del consejo y no los 20 que debían de haber asistido.

"No había ningún miembro de la sala de Gobierno, faltaron 20 alumnos, de los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia solo fue uno... no fue invitada la consejera de Justicia de Cataluña... todo ha sido un tanto extraño. Pero tampoco hay que hiperbolar porque generamos tensiones", ha apuntado.

Según Campo, la gestión de este asunto "se podría haber hecho mejor", aunque ha afirmado que "hay veces que da igual" cómo se expliquen las decisiones que adopta el Gobierno. "Yo ya tengo mi decisión y no voy a permitir que la realidad me estropee un buen titular", ha lamentado, para después añadir: "Hay veces que interesa poner estos problemas para disipar otros".

Sobre este asunto también se ha pronunciado el ministro de Universidades, Manuel Castells, que ha considerado "improcedente" que el rey telefoneara a Lesmes: "El soberano es el pueblo, no el rey. El rey tiene que estar sometido a las decisiones políticas de los representantes del pueblo, el Parlamento del que emana el Ejecutivo" para a continuación añadir: "La Casa Real hizo un acto imprudente de entrometerse en una situación de ese tipo".

En cuanto a las declaraciones de Iglesias y Garzón, acusando a la monarquía de "maniobrar contra el Gobierno", Castells ha dicho que "concuerda" con esas declaraciones: "Cuando hay algo que en mi opinión es improcedente, hay que decirlo y tratar de remediar puentes que restauren la institucionalidad que en este momento no se pone en cuestión".