Nuevas movilizaciones en decenas de ciudades españolas para pedir pensiones dignas, blindadas por la Constitución y revalorizadas según el IPC.
Centenares de jubilados de las distintas plataformas de la [[LINK:EXTERNO||||||Comunidad de Madrid]] reanudaron sus protestas en el centro de la capital mes y medio después de su última movilización, esta vez en contra del reciente real decreto.
La marcha entre la Glorieta de Atocha y Sol, que discurrió sin incidentes, estuvo encabezada por jubilados y pensionistas descontentos con la citada norma de finales de diciembre, que el Gobierno aprobó para revalorizar las pensiones.
El portavoz de la plataforma de Rivas y de la coordinadora de Madrid, Manuel Escribano, ha declarado que vuelven a protestar en las calles por considerar "insuficientes" las medidas recogidas en el último real decreto.
Ha añadido que la norma "no supone una garantía" para vincular el aumento de las pensiones al IPC "real".
Según el real decreto de 28 de diciembre, las pensiones suben desde el 1 de enero un 1,6 % en general y un 3 % las mínimas y no contributivas, con un coste global de 2.591 millones de euros y en función de la evolución anual del IPC.
En Barcelona, más de 2.000 personas también se han manifestado para reclamar unas "pensiones dignas", convocadas por la plataforma "Marea Pensionista".
"Luchamos por cosas de justicia social, porque vivimos en un mundo en el que se han perdido los valores y no es normal que la gente que ya trabajábamos con 12 años no tengamos derecho y unos señores que vienen a representarnos nos hayan quitado los derechos laborales y sociales", critica un manifestante
Tras una pancarta en la que se leía "No al Pacto de Toledo", la manifestación ha comenzado en la plaza Urquinaona y ha la confluencia de la calle Aragó con la plaza del Doctor Letamendi, donde se encuentran las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los manifestantes han reclamado que se aplique como índice de referencia para la revalorización de las pensiones el aumento del IPC y que se equiparen las pensiones mínimas con el nuevo salario mínimo interprofesional, con el objetivo de que éstas sean de al menos los 1.084 euros que marca el Carta Social europea.