La asociación Jusapol ha convocado una concentración de policías y guardias civiles de 24 horas ante el Congreso de los Diputados para pedir que se apruebe la toma en consideración de su iniciativa legislativa de "equiparación salarial" de Fuerzas de Seguridad.

El presidente de Jusapol, Natán Espinosa, ha dicho en rueda de prensa que prevé que "en un mes y medio hemos recogido más de 550.000 firmas, lo que supone la segunda iniciativa legislativa popular después de la antideshaucios que ha recabado tantos apoyos en tan poco tiempo, lo que quiere decir que tenemos el respaldo de los ciudadanos", ha destacado Espinosa.

Por ello, ha advertido de que si se vota en contra a la iniciativa Jusapol "va a presentar un millón de firmas en dos o tres meses" hasta conseguir una ley que garantice que ningún agente de cualquier Cuerpo de seguridad gane más que un policía nacional o un guardia civil. "Si el problema es que quieren tener a dos comunidades autónomas como la catalana y la vasca por encima del resto de los españoles se lo van a tener que explicar a su electorado porque vienen las alecciones municipales, las autonómicas y las generales", ha señalado el presidente de Jusapol.

Espinosa ha aclarado que el acuerdo que firmaron con el Gobierno sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles el pasado 12 de marzo "no es una equiparación salarial real porque dejan fuera del mismo a 13.481 familias de agentes de segunda actividad y reserva además de las brechas salariales como las jubilaciones, las pagas extras, las asistencias a juicios y los servicios extraordinarios".

"Ni siquiera mensualmente se van a igualar los salarios porque los 807 millones que se ponen encima de la mesa están calculados en base a un promedio del coste de la Administración y no se van a mirar los complementos específicos de las nóminas", ha puntualizado.

El Pleno del Congreso de los Diputados vota este martes si admite a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España, y concretamente subir las retribuciones de policías y guardias civiles para igualarse con los cuerpos autonómicos.