Poco antes, ha trascendido que la Fiscalía General del Estado prevé una querella por un delito de rebelión contra los miembros de la Mesa en caso de que admitieran a trámite una declaración de independencia, y un informe de los letrados que alertaba de que no se podría tramitar.
Según el reglamento del Parlament, la Mesa debe admitir a trámite todas las propuestas de resolución que son "congruentes" con el objeto de debate del pleno, que en este caso es abordar una respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía.