La Mesa del Congreso ha rechazado seguir adelante con la comisión de investigación al rey emérito por su uso de las tarjetas 'black' a cargo de un empresario mexicano, después de que los letrados del Congreso avalaran por primera vez una petición de estas características.

Unidas Podemos y otros seis partidos solicitaron al Congreso investigar estas irregularidades de Juan Carlos I y, después de cinco negativas de los letrados, a la sexta llegó la vencida: los letrados consideraban que las comisiones eran inconstitucionales porque las Cortes no tienen entre sus funciones la de control a la Casa Real. Sin embargo, esta sexta registrada se enfocaba en el uso de las tarjetas y no en el emérito, aunque él era uno de los beneficiarios.

PSOE, PP y Vox han hecho valer su mayoría en la Mesa para tumbar esta comisión. El PSOE había argumentado hasta ahora que seguía el criterio de los letrados, pero ahora se ha desmarcado, asegurando que no es la función del Congreso fiscalizar a la Casa Real.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reaccionado a través de Twitter a la noticia y ha asegurado que la decisión de la Mesa carece de argumento jurídico y que la iniciativa es totalmente Constitucional.

 

Por otro lado, fuentes del PP aseguran que el PSOE "no puede estar en misa y repicando", ya que si bien vota en contra de la comisión al rey, "no planta cara a Iglesias", que, a juicio de los populares, ataca a la Corona constantemente.

Investigar con posterioridad a la abdicación

Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG registraron a mediados de diciembre una nueva comisión de investigación en el Congreso acerca de las tarjetas 'black' del rey emérito, circunscribiendo su ámbito a todo lo ocurrido con posterioridad a su abdicación, después de que los letrados tumbaran por quinta vez una comisión similar.

Los grupos esperaban así sortear la inviolabilidad de Juan Carlos I, estableciendo el límite a los actos ocurridos cuando ya no era rey y solo estaba aforado en el Supremo.

Según argumentaban en el escrito registrado en el Congreso, la Fiscalía ya ve indicios de delito y aluden al artículo 76 de la Constitución y al reglamento de la Cámara baja que establece que "se pueden crear comisiones de investigación para temas de interés público".

Además, los proponentes recordaban otros casos en los que se han aprobado comisiones de investigación sobre asuntos personales de cargos públicos y remitían a sentencias del Constitucional en las que se dice que la inviolabilidad debe interpretarse de manera evolutiva atendiendo a “la conciencia social en cada tiempo y lugar”.