Fuentes parlamentarias han indicado que, en principio, la iniciativa no tiene errores de forma, por lo que pasará sin dificultades el filtro de la Mesa del Congreso en la que tiene mayoría absoluta el PP y también están representados el PSOE y CiU. No obstante, y dado que las iniciativas legislativas de los Parlamentos autonómicos sólo se elevan al pleno del Congreso en la primera sesión de cada mes y ya hay iniciativas pendientes, la propuesta catalana no llegaría al pleno hasta septiembre.
Para evitar ese retraso, las tres formaciones del Congreso que apoyan la consulta -CiU, ICV y ERC- tienen previsto presentar próximamente una proposición de ley en los mismos términos que la propuesta del Parlament, iniciativa que, según los plazos previstos, podría votarse en el pleno a finales del mes de marzo, o principios de abril.
Según el artículo 126 del Reglamento del Congreso, esa proposición de ley deberá pasar primero el filtro de la Mesa de la Cámara que, de no poner objeciones, la remitirá al Gobierno para que se pronuncie sobre la misma. El Ejecutivo tiene treinta días para mostrar su conformidad o no con la proposición, en el caso de que ésta implique "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".
Transcurridos treinta días sin que el Gobierno se haya opuesto expresamente a su tramitación, la proposición quedará en condiciones de elevarse al pleno lo que, según el cupo de iniciativas del que dispone CiU, se producirá a finales de marzo, o principios de abril.Todo parece indicar que la consulta independentista será rechazada por cerca de un 85 por ciento del Congreso: los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE -a expensas de lo que puedan hacer los diputados del PSC- y los cinco de UPyD, a los que habría que sumar los diputados no nacionalistas del Grupo Mixto.