La Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia que presentará próximamente el Gobierno obligará a cualquier ciudadano a denunciar "de forma inmediata" todo tipo de violencia ejercida contra los niños, según detalló este martes el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

De esta forma, cualquier persona que presencie algún indicio de abusos o agresiones a un menor de edad estará obligado por ley a denunciar, tal y como explicó el vicepresidente segundo en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado.

"Hace ya tiempo que en nuestro país era necesaria una ley como ésta que proteja la dignidad y los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, que es algo que nos debería preocupar a todos independientemente del color político", declaró Iglesias después de que la oposición criticara su falta de acción por lo casos de explotación infantil que se investigan en centros de menores de Baleares.

Esta ley, además, fijará el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores -como abusos sexuales- a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años, como ya contemplaba el anteproyecto aprobado por el Gobierno del PSOE en la anterior legislatura.

Asimismo, se creará la figura del "coordinador de bienestar y protección", que estará presente en todos los centros educativos, habrá protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

La ley también contempla unidades especializadas en violencia infantil dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que se dará formación especializada a jueces y fiscales y se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia.

Asimismo, se establecerán protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de menores con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad, como es el caso de las menores tuteladas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), caso que investigan la Fiscalía y el Defensor del Pueblo.