El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado convencido este martes de que en las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 las autoridades se ajustaron "en todo momento" al ordenamiento jurídico y actuaron bajo el principio superior del interés del menor.

En declaraciones a los medios antes de comparecer en la comisión de Interior, Marlaska ha respondido a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmo que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, llevada a cabo por la Delegación de Gobierno, fue "ilegal" por la "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe "de manera lapidaria" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tras dejar claro que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, Marlaska ha defendido que las autoridades competentes en la materia "actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor".

Este interés del menor, ha añadido, "es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado y al Gobierno", por lo que las administraciones autonómicas y locales dirigen sus actuaciones con este parámetro. Y ha zanjado: "Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes, en este caso, como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspirados en todo momento por el interés de menor".

Apoyo del Gobierno, críticas desde el PP

Tras el varapalo del supremo, el Gobierno ha defendido la actuación de todas las autoridades competentes en aquel 2021; por supuesto, también al ministro del interior. "No me cabe ninguna duda de que actuaron de buena fe, conforme a la legalidad y protegiendo siempre el interés y el derecho de los menores", ha asegurado la ministra de Educación, Pilar Alegría.

En el PP, por el contrario, creen que es hora de que el ministro del Interior renuncie a su cargo. "Debilitado por las condenas, reprobado... Que se vaya", reclaman las filas populares. Incluso han llegado las críticas desde Sumar. El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de la formación rosa, Gerardo Pisarello, ha reclamado la necesidad de que esto "no vuelva a pasar", dado que "estamos ante una catástrofe moral, además de una ilegalidad".