La crisis del coronavirus ya ha llegado a los tribunales y amenaza con colapsar aún más un sistema judicial ya de por sí saturado. En el primer foco de la Justicia se encuentran las residencias de ancianos, en las que la enfermedad ha causado decenas de muertes que han venido acompañadas por una oleada de denuncias de irregularidades, negligencias y falta de atención a los internos. "Solo informan a las familias de los pacientes que están mal. ¿Y los demás qué? ¿Cuándo nos van a llamar, en el momento en que se estén muriendo?", se preguntaba esta semana María, cuya madre vive en la residencia Casa Solar Santo Duque de Gandía (Valencia).

La Fiscalía General del Estado ha activado toda su red territorial para determinar si los responsables de estos centros pueden ser imputados por delitos de homicidio por imprudencia, que están castigados con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Las investigaciones se encuentran en una fase incipiente, de análisis de las actas y los informes levantados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los centros en los que intervinieron, con especial atención a los casos en los que, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, se prolongó la presencia de cadáveres por el colapso de los servicios funerarios.

Aunque los fiscales solo cubren los servicios esenciales y la mayoría están teletrabajando desde casa, los casos más graves ya se están analizando. Entre ellos están el de la residencia Monte Hermoso, cerca de la Casa de Campo de Madrid, en la que murieron al menos 19 personas, y los de Olesa y Capellades, en Barcelona, con al menos 12 y diez fallecidos, respectivamente. Fuentes fiscales aseguran, no obstante, que se analizarán todos los episodios en los que se hayan producido un número elevado de fallecimientos. En una residencia de Tomelloso (Ciudad Real), por ejemplo, perdieron la vida 18 ancianos y en el Centro Santísima Virgen y San Celedonio, en el distrito de Chamartín, se contabilizaron otros once.

La polémica por el 8M

Otra vía judicial pendiente por la crisis del coronavirus es la de la responsabilidad penal en la que podría haber incurrido el Gobierno por haber tardado en afrontar la pandemia. La ha abierto la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que ha puesto en marcha una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido las manifestaciones masivas que se produjeron en Madrid entre los días 5 y 14 de marzo, incluidas todas las movilizaciones del 8M.

La magistrada fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, durante la etapa como ministro del popular Rafael Catalá, pero al mismo tiempo instruyó con solvencia el caso sobre los másteres supuestamente fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos: acorraló hasta sentar en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y elevó, sin éxito, una exposición razonada al Tribunal Supremo para que también imputara al líder del Partido Popular, Pablo Casado.

Rodríguez-Medel dirige la acción penal contra el máximo representante del Gobierno en Madrid porque es el único contra el que puede actuar en virtud de sus competencias, pero el abogado Víctor Valladares, promotor de la iniciativa, ha replicado su denuncia ante la Sala Segunda del Supremo para solicitar la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Se me puede llamar oportunista y mi respuesta es que sí. Estoy aprovechando el momento para sacar un rédito, que es que se conozca la verdad", explica Valladares en conversación con laSexta.

Las advertencias de un informe europeo

La clave de esta investigación reside en si los responsables del Gobierno pudieron incurrir en un delito de lesiones por imprudencia -la magistrada se decanta más por este tipo penal que por la prevaricación apuntada por el denunciante- al desoír un informe que dictó el pasado 3 de marzo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de la Enfermedad (ECDC en sus siglas en inglés) y otro del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, fechado el día 6, que apuntaba que el virus se contagiaba "a menos de dos metros de distancia y por contacto de las manos".

El dictamen europeo presentaba cinco escenarios posibles en la lucha contra el coronavirus y, sin especificar cuál podría ser el más probable, apuntaba que los actos masivos, como "eventos deportivos o religiosos, conciertos o conferencias" podían incrementar el número de casos, por lo que se recomendaba "incluir las medidas de distancia interpersonal" e incluso "la cancelación o el aplazamiento" de los mismos. En los escenarios 1 y 2, los más leves, la suspensión de los actos solo se planteaba en "casos excepcionales" y en los denominados 3 y 4, los más graves, se trataba de una medida "recomendada". En todo caso, el informe apuntaba que, debido a los efectos "secundarios" de índole social y económica que podrían acarrear esas “medidas de distanciamiento social”, cada caso debía estudiarse de forma individual y "en función del impacto local de la epidemia".

La responsabilidad patrimonial de las administraciones

Ante el incremento del número de fallecidos por la pandemia, muchos de los cuales se contagiaron mientras trabajaban, numerosos abogados están comenzando a preparar reclamaciones de responsabilidad civil y patrimonial al Estado y a las administraciones autonómicas por no haber facilitado a los afectados los materiales de protección con los que podrían haber evitado la enfermedad.

El abogado de la Asociación Española de la Guardia Civil, Jorge Piedrafita, que representa a la familia de uno de los agentes fallecidos en Herrera de la Mancha (Ciudad Real), quiere que se reconozca su muerte como "acto de servicio" y que se "depuren todas las responsabilidades que pudieran proceder en salvaguarda de los derechos de la familia". "Del análisis preliminar se deducen importantes insuficiencias. Los agentes no disponen de equipos de protección individual, no se están realizando test a quienes han podido sufrir un contagio por contacto con personas infectadas y se les sigue haciendo prestar el servicio, con el riesgo que ello implica", apunta.

Esa falta de materiales de protección para los profesionales sanitarios es la que ha llevado a la Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid (Amyts) a acudir al Juzgado de lo Social número 31 de la capital, que ha instado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a entregar, en el plazo de 24 horas, el material necesario para proteger a este colectivo: desde mascarillas y gafas protectoras hasta guantes, batas impermeables y contenedores para residuos.

Según fuentes jurídicas, con este auto en la mano los profesionales sanitarios podrían negarse a trabajar, al estar incumpliéndose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aunque, de facto, la resolución servirá para que puedan blindarse ante posibles reclamaciones patrimoniales en caso de fallecimiento por contagio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó una petición similar de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aunque su reclamación tenía graves fallos técnicos porque ni siquiera se identificaba expresamente la resolución administrativa que se estaba recurriendo.