Los sindicatos y movimientos feministas de Madrid han recurrido la prohibición de las concentraciones el 7 y el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Consideran que el objetivo de esta medida es "criminalizar a las mujeres", mientras se siguen celebrando otro tipo de acontecimientos.

Y es que, tras semanas de debate en el Gobierno nacional y el autonómico, finalmente José Manuel Franco anunció que prohibía todas las manifestaciones propuestas para los próximos días con motivo del 8M. Algo que no ha ocurrido con otro tipo de movimientos.

Desde la sección de Igualdad de UGT Madrid cree que esto supone "un ataque sin precedentes propio de otros tiempos" y quieren mostrar su "repulsa porque llevan más de seis meses trabajando" en ello. "Nos parece inaceptable que una concentración de 150 personas, con distancia y mascarillas, se considere un riesgo de la salud pública. Estamos hartas de ver bares llenos", ha señalado Ana Sánchez de la Coba, portavoz del Movimiento 8M de Madrid.

Claudia Stein, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, ha ido más allá y ha asegurado que "la resolución es política, no jurídica, y carece de legalidad". A su juicio, la prohibición de la delegación del Gobierno "vulnera el derecho de reunión y es inconstitucional".

El movimiento feminista cree que la medida "vulnera el derecho de reunión y es inconstitucional"

También se ha referido a las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha relacionado la decisión con criterios sanitarios debido a la pandemia de coronavirus. "Nos lo ha puesto muy fácil. Aquí en Madrid se han autorizado todas las manifestaciones y ha habido conciertos de 5.000 personas en recintos cerrados", ha señalado Stein al respecto.

Así las cosas, desde el Consejo de la Mujer de Municipios de Madrid también han insistido en que presentarán un recurso y han pedido a José Manuel Franco una rectificación porque "no se puede aceptar este atropello".

Por otro lado, Podemos, Izquierda Unida, Equo y Más Madrid han firmado un comunicado junto a varias asociaciones en el que muestran su rechazo a esta prohibición. Creen que responde "a una cuestión política, y no sanitaria" y destacan que "el transporte público continúa abarrotado, las terrazas llenas y se prevé levantar en poco tiempo el toque de queda y permitir desplazamientos a otras comunidades en Semana Santa".