Madrid Central, la zona de bajas emisiones que puso en marcha Manuela Carmena durante su mandato al frente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido suspendida después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso presentado por Ecologistas en Acción.

El Alto Tribunal confirma así la sentencia del TSJM, que dio la razón a la Comunidad de Madrid y al Grupo Popular en el Ayuntamiento y anuló la ordenanza municipal de 2018 por no cumplir debidamente con los trámites necesarios para su elaboración.

"Es constante la doctrina jurisprudencial sobre la incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria, hasta el punto de que su omisión en el trámite de elaboración y aprobación ha venido siendo considerado como vicio determinante de la nulidad de la disposición general o reglamentaria", dice el auto por el que se rechaza el recurso y al que ha tenido acceso laSexta.

El TSJM anuló en julio del año pasado, a petición de la Comunidad y del Grupo Popular en el Ayuntamiento, la ordenanza de movilidad sostenible por defectos formales que tienen que ver con la omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, anularon los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.

En relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la Sala también estimó parcialmente su reclamación y anuló el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.

Según cifras aportadas entonces por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la recaudación de las multas ascendía en julio a 36 millones de euros, una cifra que el Consistorio no tendrá que devolver, según aseguran desde el Ayuntamiento.

El alcalde, uno de los más firmes opositores y demandantes entonces, rechazó que el Ayuntamiento recurriera la sentencia impuesta, algo que sí hicieron Ecologistas en Acción.

Según han señalado fuentes del Consistorio a esta cadena, esto "quedará en nada" toda vez esté en marcha la nueva ordenanza de Movilidad "en la que sí se recoge este espacio de bajas emisiones". Además, insisten que se seguirá multando ya que Madrid 360 -el sucesor de Madrid Central- está en vigor.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado a través de Twitter la decisión judicial y ha recordado que la Ley contra el Cambio Climático aprobada por el Ejecutivo prevé Zonas de Bajas Emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en 2023.

"Necesitamos ciudades saludables y ayuntamientos que impulsen medidas para garantizar la buena calidad del aire", ha dicho la vicepresidenta, que ha subrayado que "Madrid Central seguirá siendo un buen ejemplo pionero".