Madrid y Galicia ya le han declarado oficialmente la guerra a la LOMLOE, la conocida como 'Ley Celaá', ante su inminente puesta en marcha en el territorio español. El objetivo de ambas regiones, gobernadas por el PP, es contrarrestar los efectos de la nueva norma impulsada desde el Ministerio de Educación. El Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que adelantará el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022. Por su parte, la Xunta de Galicia ha comunicado que convocará una nueva oferta de empleo destinada al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional.

El propósito de la Comunidad de Madrid es "garantizar la libertad de elección de las familias pese a la LOMLOE"; una ley que, según han recordado, está pendiente de tramitación en el Senado. "Ello permite disponer de tiempo suficiente para realizar los trámites normativos necesarios y retrasar un año la aplicación de los cambios en materia de admisión en la Comunidad de Madrid", ha expuesto el Gobierno de Díaz Ayuso a través de un comunicado en el que recuerdan que son la primera región en "aprobar estas instrucciones, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos".

En el mismo comunicado se ha detallado las fechas para llevar a cabo este proceso: el plazo de presentación de solicitudes será del 8 al 23 de abril de 2021. El 18 de mayo se harán públicos los resultados de dicha solicitud, y los días siguientes, el 19, el 20 y el 21 de mayo, las familias podrán reclamar si no están conformes con la opción adjudicada. En esta línea, se agrega en dicho documento que el 4 de junio se hará público el listado definitivos de alumnos admitidos en cada centro, que se podrá ver a través de las web de los centros educativos y la Secretaría Virtual.

El Gobierno madrileño ha apuntado además que estas solicitudes se tendrán que realizar de forma telemática y "serán dirigidas al primer centro incluido en la petición" a través de la Secretaría Virtual. "En aquellos casos en los que no sea posible presentar la solicitud de admisión por vía telemática, se podrá entregar en el centro educativo incluido en primer lugar en la misma", han concluido, destacando que gracias a la libertad de elección del centro de educativo el 94% de las familias madrileñas "ha obtenido este curso plaza en su primera opción".

Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia también adelantarán el plazo de inscripción

El anuncio del Ejecutivo de Díaz Ayuso se hace público horas después de que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, informase de que los gobiernos de las comunidades que están gobernadas por su partido, ya sea en solitario o en coalición con Ciudadanos, como es el caso de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia, adelantarán el plazo de inscripción para el próximo curso escolar con el objetivo de sortear las "limitaciones" en la elección de centro.

Por su parte, la Xunta de Galicia plantea "contrarrestar los efectos de la Ley Celaá sobre el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional" con una oferta de empleo público en la que se disponen 240 nuevas plazas. El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, ha apuntado que la entrada en vigor de la Ley Celaá llevará a la extinción de este cuerpo de profesores, lo que "supondrá un problema para las enseñanzas de FP y redundará en una mayor inestabilidad laboral para sus docentes".

Frente a ello, la Xunta considera que esta convocatoria "contribuirá a estabilizar el personal interino que viene prestando servicios, al tiempo que a garantizar profesorado suficiente en la FP gallega en los próximos cursos". El Gobierno gallego ya ha informado de que se aprobará antes de la puesta en marcha de la norma educativa, en los primeros días de 2021, para "evitar los efectos perversos de esta ley", y ha añadido: "Esta nueva oferta afectará a todas las especialidades convocadas e implicará una nueva apertura del plazo de solicitudes para participar en el procedimiento selectivo".

Críticas y acusaciones por la nueva norma

Si bien la LOMLOE ha sido atacada duramente por los partidos de la oposición -en especial el PP-, los defensores de la ley tampoco han tardado en responder a las críticas con otras dirigidas especialmente a Pablo Casado. Sin ir más lejos, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha acusado a líder de los populares de ser un "experto en trampas educativas". Gil cree que "no es de recibo" que el PP pretenda "burlar" la norma. En esta línea, le ha reclamado que "deje de pensar en sí mismo" y que actúe con "responsabilidad y madurez".

Días antes, la propia ministra de Educación calificaba de "deleznable" que desde el PP hayan sacado "a unos niños con lazos y les estén infundado ideas políticas contra un gobierno". Así se expresó la titular del Gobierno después de que uno de los senadores populares, Ruz Villanueva, asegurase que la nueva norma educativa "nace como arma arrojadiza, y no como elemento de unión", y que "destruye el modelo dual educativo". Una interpretación a la que Celaá también respondió, esta vez cargando contra el propio senador: "Necesita formación para entender lo que dice la ley porque no entiende nada".

Semanas antes, la ministra había afirmado en El Objetivo que el propósito de la ley es actuar desde "las antípodas de la LOMCE, que hacía que unos prosperaran y otros quedaran al margen". En el mismo programa, aseveró que "la educación no es una mercancía" y que "no está sujeta a oferta y demanda, sino a programación"; cargó contra Aznar, a quien tachó de falso tras afirmar este que la ley "intenta exterminar" el castellano en Cataluña y País Vasco; y fue tajante sobre su aplicación: "Una ley en un Estado de derecho se cumple. Hay mecanismos para hacerlo".