Luis Medina ha dado el salto del papel couché a los medios nacionales de la peor forma posible. El hijo de Naty Abascal y el duque de Feria es protagonista de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por las comisiones millonarias obtenidas de varios contratos para suministrar mascarillas, test y guantes en lo peor de la pandemia al Ayuntamiento de Madrid.

Junto a su socio y amigo, Alberto Luceño, Medina se enfrenta a los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

En conversación con laSexta, Luis Medina defiende la legalidad de toda la operación y explica que cobró una comisión "por parte de la empresa asiática por el trabajo realizado" aunque matiza que no se corresponde a la cantidad publicada. En su escrito, la Fiscalía habla de un millón de euros de comisión para Medina y hasta 6 millones de euros para Luceño.

Medina insiste en que todo fue legal y pone de ejemplo otras operaciones con países como Alemania en los que "no ha habido ningún problema". "Hay que dejar que actúe la justicia porque no se ha hecho nada malo", añade asegurando que se siente tranquilo.

La acusación de la Fiscalía

Anticorrupción ha presentado querella contra los dos empresarios, Luis Medina y su socio Alberto Luceño, que vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid por un valor de 11 millones de euros en marzo de 2020 y por lo que habrían cobrado seis millones de euros en comisiones, más de la mitad del importe del contrato. La Fiscalía asegura que los dos empresarios actuaron "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico", y llega a explicar que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares, cantidad que los querellados inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares, es decir, el 148% del precio real del producto.

Anticorrupción detalla en su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, que la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, que aprovechó para concretar el acercamiento que era amigo de un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y que era una persona con relevancia pública.

A partir de ese primer contacto, la Administración municipal le facilitó el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid para que acordaran los detalles del contrato. Las pesquisas apuntaban a que los contratos se realizaron con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, de la que esta persona de contacto era consejera.

Tras el contacto inicial, las negociaciones se culminaron con Luceño. La querella se ha presentado en los juzgados de instrucción de Madrid como resultado de unas diligencias abiertas desde el pasado mes de noviembre de 2020 por la Fiscalía Anticorrupción, que considera acreditado que ambos empresarios cobraron del Ayuntamiento de Madrid un total de 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) de los que seis millones de euros fueron el pago por sus gestiones.