El juez ha ordenado retirar el pasaporte de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, involucrados en el pelotazo de las mascarillas con el que se habría estafado al Ayuntamiento de Madrid, después de que declararan esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla.

El magistrado Adolfo Carretero les ha tomado declaración a ambas en la causa que investiga la presunta estafa y ha ordenado que, además de la retirada del documento, comparezcan periódicamente ante los juzgados más cercanos a sus domicilios los días 4 y 18 de cada mes. Tienen prohibida la salida del territorio nacional.

En sendos autos a los que ha tenido acceso laSexta, el juez justifica la retirada del pasaporte por la gravedad de los delitos de los que se les acusa (hasta 23 años de cárcel) y por su "enorme trascendencia pública" al ser cometidos en la peor época de la pandemia" y aparentando "altruismo". También dice que lo hace para "evitar riesgo de fuga y de alteración de pruebas".

La declaración de Medina ha durado apenas media hora, según fuentes jurídicas, y únicamente ha contestado a las preguntas del juez Adolfo Carretero y a las de su defensa, mientras que se ha negado a responder a la Fiscalía ni a las partes. En su alegato, ha asegurado que no se sintió engañado por Luceño, quien se habría embolsado mucho más dinero por la comisión que él, a pesar de que ante Anticorrupción indicó que se repartirían la ganancia en tercios.

El comisionista Luceño, que ha sido increpado al grito de "ladrón" y "chorizo" a su llegada, tampoco ha respondido ni al Ministerio Público ni a la acusación particular del Ayuntamiento de Madrid ni a las acusaciones populares de Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid. Ha asegurado que todo era legal tanto al magistrado como a su abogado.

Además, ambos han insistido en que el único contacto que tuvieron con el Consistorio fue la directora de Presupuestos, Elena Collado, quien se encargó de la adquisición del material sanitario durante la primavera ola del COVID-19.

Los antecedentes del caso

Todo comenzó hace un año y medio, cuando la Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar a un caso que ha puesto bajo la lupa la gestión de José Luis Martínez-Almeida en este caso. Ambos empresarios habían hecho de intermediarios para conseguir mascarillas, test COVID y guantes, vendiéndolos muy por encima de su precio.

Por el camino, se embolsaron una comisión de 6 millones de euros que celebraron con su ya célebre "pa' la saca". Esa frase viene dentro de una serie de correos electrónicos en los que Medina deja clara su alegría.

No tardaron en gastar ese dinero en veleros, coches de alta gama, relojes... Ante el fiscal, Luceño llegó a explicar que los compraba como inversión para venderlos después. Sin embargo, el juez del caso estos días se ha llevado una sorpresa. Cuando fue a mirar sus cuentas, descubrió que casi no hay dinero a pesar de esas comisiones.

En la de Medina solo encontraron 247 euros y también se ha bloqueado la cuenta de Luceño. El juez les ha puesto una fianza de 900.000 euros. En caso de impago le embargará a Medina la herencia que acaba de recibir de su abuela.