El juicio a la cúpula del 'procés' llega a su fin. Tras cuatro meses de sesiones, es el turno de escuchar los argumentos exculpatorios de las defensas, y ahora volveremos a escuchar por última vez a los procesados durante 15 minutos antes de que se dicte sentencia.

En el alegato final de la Fiscalía no queda ninguna duda sobre qué ocurrió en Cataluña en octubre de 2017. "Un golpe de Estado, fue un golpe de Estado", decía el fiscal Javier Zaragoza, que defiende que se dio "la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales".

Los fiscales mantienen la acusación por rebelión y consideran demostrada la violencia; según el Tribunal, se utilizó violencia no armada, que concretan en los cortes de carretera y las protestas ante varias actuaciones policiales.

"El carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria la violencia grave ni armada. No hace falta armas ni militares", explicaba el fiscal, para después analizar la actuación de los mossos: "Fue un montaje. Simular que se cumplía con la orden judicial pero en realidad facilitaban su celebración".

En los enfrentamientos con la Policía, según el fiscal, también "hubo violencia" y "fue la suficiente". Para él, ellos "sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral".

Con respecto a la declaración en el Parlament de Carles Puigdemont, declara que fue "un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público, y por eso no puede ser una sedición", defendió Javier Zaragoza.

La sedición, frente a la tesis de la rebelión, la defiende la Abogacía del Estado, que reconoce violencia pero no considera que los presos se sirvieran de ella para alcanzar su objetivo. "El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevados a cabo por los acusados", explica Rosa Seoane, abogada del Estado.

Vox pide para Junqueras 74 años de cárcel por dos rebeliones, malversación y organización criminal, una condena que quiere que sea disuasoria.

El próximo paso será el turno de las defensas, que pedirán la absolución de los acusados por lo que consideran que fue un acto de desobediencia civil y pacífica.