El Partido Popular blindará sus comunidades contra la Ley de Vivienda en la que está trabajando el Gobierno, al considerar que genera "inseguridad jurídica" y que supone "una intervención en la libertad y en la propiedad privada".

Por ello, Pablo Casado ha anunciado en una entrevista en Telecinco que recurrirá al Tribunal Constitucional, a pesar de que la ley aún no está aprobada, y ha dejado claro que, tanto los ayuntamientos como las autonomías que gobierna su partido, no aplicarán las medidas que contempla el Gobierno de coalición.

Asimismo, el líder de los 'populares' ha tachado esta propuesta de "intervencionismo suicida" porque, a su juicio, "la gente no va a poner pisos en alquiler, va a haber menos vivienda y va a subir más el precio".

Entre las medidas que contempla el Ejecutivo central está la regulación de los precios de los alquileres para grandes tenedores en zonas tensionadas, incentivos fiscales para pequeños propietarios que bajen el precio, ayudas de 250 euros para los jóvenes que se emancipen o promoción de viviendas de protección oficial para alquileres sociales.

Si bien, serán las comunidades autónomas las que decidan si aplican o no esta nueva normativa. Asimismo, al ser los gobiernos autonómicos los que poseen las competencias, serán ellos los que decidan si solicitar o no la declaración de una zona tensionada.

Tras la postura anunciada por Pablo Casado, todo apunta a que las regiones en las que gobierna el PP -Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía y Región de Murcia, no aplicarán las medidas que se recojan en la Ley de Vivienda.

Las CCAA 'populares' también se oponen

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, cree que la propuesta del Gobierno de Sánchez es "de enrome gravedad" y ha dejado claro que se blindarán "frente a estas políticas intervencionistas para proteger a los propietarios".

En declaraciones a 'Okdiario', Paloma Martín ha acusado al Ejecutivo de "ceder en las propuestas más radicales de sus socios de Gobierno", así como de querer "cercenar parcelas de libertad a los ciudadanos".

En la misma línea se han pronunciado desde la Junta de Andalucía, que considera que esta ley estará "relacionada con la retirada de inversiones y aumentará los precios" de los alquileres, por lo que consideran que "no es la solución".

Según la consejera de Fomento e Infraestructuras, María Francisca, su Ejecutivo trabaja en la promoción de nuevas viviendas destinadas a los alquileres a precios asequibles, con la participación de ayuntamientos y de promotores privados.

Desde la Región de Murcia también dice mirar "con preocupación" hacia la nueva normativa en la que está trabajando el Gobierno de coalición. Al igual que la dirección nacional de su partido, consideran que se trata de "una vulneración de la propiedad privada, ya que establece que el fin de la vivienda es únicamente social, lo que significa que el mercado estará controlado por el Estado".

Pero no solo se han opuesto a estas medidas desde las autonomías, también lo han hecho ayuntamientos como el de Madrid. Y es que, también se contempla que los consistorios puedan aumentar al 150% el IBI a los que tengan más de dos viviendas vacías sin justificar una causa mayor, como el desplazamiento por motivos laborales o el ingreso en una residencia en caso de los mayores.

En este sentido, José Luis Martínez-Almeida ha dejado claro que su gobierno "bajará el IBI el año que viene" y no participará en "experimentos fracasados que atentan contra principios constitucionales". "No puede ser que en un país donde se reconoce el derecho a la propiedad privada, se saque ley de vivienda que pretende topar e intervenir", ha sentenciado.