Laura Borràs ha asegurado este miércoles que "no se podrá demostrar que haya habido ningún perjuicio económico para la Institució de las Lletres Catalanas cuando yo lo dirigía". Se pronuncia así por primera vez públicamente sobre su imputación por parte del Tribunal Supremo, que va a investigar a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad y fraude cuando era directora de esta institución pública dependiente de la Generalitat.

Ha calificado de "irregular" la investigación del juzgado de instrucción, asegura que no ha cometido ningún delito y que se está dando "la presunción de culpabilidad". Ha señalado a las 'cloacas del Estado" que dicen, "llevan años filtrando información".

La Fiscalía había pedido al Supremo su imputación al entender que había "claros y contundentes indicios de simulación documental continuada por parte de la diputada de JxCat a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autenticidad".

Los supuestos contratos a dedo

Según la Fiscalía, Borràs e Isaías Herrero, el amigo que se habría beneficiado de los contratos y que también ha resultado imputado por el Supremo, querían dar "una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a aquél y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual, motivos suficientes que impiden considerar como inocua esta conducta falsaria continuada".

Todo parte de una jueza de Barcelona. A raíz de las investigaciones, sospecha que la portavoz de JxCat dio contratos a dedo cuando presidía el Instituto de Letras Catalanas, una institución pública dependiente de la Generalitat. Según la jueza, llevó a cabo el "fraccionamiento ilegal" de los contratos de programación informática para otorgárselos "de forma arbitraria" a su amigo Isaías Herrero.

Según la magistrada, Borràs no solo sabía que estaba incumpliendo la ley, sino que dio instrucciones a su amigo Isaías Herrero de cómo trocear los contratos para que no saltasen las alarmas.

Se basa, entre otras cosas, en un correo electrónico que Borràs envía a Herrero el 28 de febrero de 2013 y en el que se lee: "El presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes (...). Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes, es cuando piensan que ha habido una infracción. La cuestión es fraccionar".

Según la jueza, dio a dedo 260.000 euros públicos en contratos troceados.

En total, 260.000 euros que se trocearon en contratos de menos de 18.000 euros que, según la jueza, Borrás adjudicó a dedo a su amigo "abusando de sus funciones como directora de la Institución de la Lengua Catalana (...)".

El amigo de los "trapis"

En el escrito, hay referencias a conversaciones intervenidas de Isaías Herrero con su socio Marc Gómez. En una de ellas, se muestra muy preocupado por la aplicación del 155. "Comenzarán a salir marrones, porque yo tengo una de marrones, buf (...) Hombre, claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", escribe Isaías Herrero a su socio Marc Gómez.

Una preocupación que no le impedía fantasear con una Laura Borrás a la que él ve como clara candidata a ministra catalana de Cultura. "Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. De puta madre", se lee en otro mensaje.

"Esta tiene números de ser Gobierno. Imagíntela de ministra de Cultura"

En otra conversación decía: "yo con la Borràs, con la jefa, facturo con la Cooperativa, facturo unos trapis por allí. Lo jodido es si deja de ser directora".

En este sentido, la jueza apuntaba que Borràs "adjudicó directa o indirectamente todos los contratos de programación informática, contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad". Y pidió elevar la causa al Supremo por su condición de aforada.