El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la compra del 75% de Inassa en noviembre de 2001. Concretamente la firmaron el día 29 de ese mes el entonces presidente, Alberto Ruiz Gallardón y su concejal de Hacienda Juan Bravo.

Sería el desembarco del Canal en Latinoamérica y para ello, se autorizó por un lado la creación de una empresa mercantil: "Autorizar al Canal de Isabel II para la constitución de la empresa pública Canal Extensia S.A.".

Por otro lado se autorizó a esa nueva empresa para comprar Inassa: "Para que adquiera 6.061.568 acciones de Inassa, lo que supone un total de 73.000.000 de dólares". Es decir, la autorización era para adquirir una compañía colombiana. Pero no fue eso lo que sucedió: lo que compró Canal Extensia fue una sociedad registrada en Panamá, SAA, que a su vez era propietaria del 75% de Inassa y de otra compañía dominicana, Watco.

De ellas la autorización no dice ni una palabra y el PP lo justifica. "Se hizo así porque la panameña se disolvía con la compra y no pasaba al sector público", asegura Enrique Osorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de una operación que está bajo la lupa de la justicia.