El anuncio de acercar a los presos de ETA le está generando duras críticas y acusaciones al gobierno de Sánchez. El plan del Ejecutivo es empezar por los enfermos terminales y mayores de 70 años.
María Ángeles Pedraza, expresidenta de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, pregunta: "¿Qué va a hacer con los padres de 70 años que hemos perdido a nuestros hijos?". Y añade que le parece "fatal que lo primero que haga es causar tanto daño en España".
Los populares advierten. "Si salen a la calle a decir que no les gustan las medidas del Gobierno, les acompañaremos", ha asegurado Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP.
El Gobierno insiste en que cualquier movimiento que se haga será en base a la ley. El ministro del Interior, Grande-Marlaska ha destacado que "este Ejecutivo va a aplicar el principio de legalidad con transparencia exponiendo a las víctimas cuáles van a ser los requisitos en cada supuesto".
Aprovechan, de paso, para recordarles lo que prometieron cuando eran ellos quienes gobernaban. "Fernández Díaz en 2015 dijo que con disolución no habría dispersión", ha añadido Grande-Marlaka.
La portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra, también ha subrayado que "Aznar fue el que más presos acercó a las cárceles vascas".
Según Instituciones Penitenciarias, hay 241 presos por pertenecer a ETA repartidos en las 41 cárceles de España, exceptuando las del País Vasco, contabilizadas por sus familiares.
Empieza ahora un proceso en el que, según el Gobierno, la última palabra la tendrá las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciaros.