El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha anunciado que obligará por ley a todas las residencias de mayores de España a informar de forma inmediata si ven en peligro la integridad de su servicio. Así lo han afirmado a laSexta fuentes del Gobierno, que también han explicado por qué se ha tomado esta medida.

Este protocolo se está ultimando frente a la crisis provocada por la epidemia de coronavirus que están atravesando las residencias de mayores del país. El Gobierno ha mostrado su preocupación ante esta situación; especialmente, porque en algunos puntos del territorio hay centros que no pueden dar un servicio de atención adecuado a causa de la falta de personal.

Según han explicado a laSexta, se están produciendo numerosas bajas entre los empleados dedicados a atender las necesidades de los mayores en estas residencias. Además, dichos centros están sufriendo problemas a la hora de sustituir a sus trabajadores porque están encontrándose con serias dificultades para posibilitar nuevas contrataciones.

Por ello, desde la vicepresidencia de Derechos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, se ha trabajado en un plan en coordinación con el Ministerio de Sanidad y de Defensa para establecer un protocolo en el que se obligue a las residencias que no puedan dar un buen servicio a comunicarlo. En esta línea, una de las medidas del protocolo pasa por calificar a los trabajadores de estos centros como 'servicios esenciales'. Es decir, que por ley no podrán causar baja si no tienen un caso de coronavirus diagnosticado.

Las bajas serán cubiertas por la UME

¿Quién pasaría a cubrir esos puestos de trabajo vacantes? Según fuentes del Gobierno a laSexta, en ese mismo protocolo, que la vicepresidencia de Derechos Sociales está coordinando con Sanidad y con Defensa, se ha establecido una respuesta directa para las residencias que notifiquen dificultades por diversas razones a la hora de llevar a cabo una labor adecuada.

Esto es, una vez que se haya comunicado la escasez de personal u otros motivos que hayan provocado que resulte difícil o imposible dar un servicio, estas residencias podrán recurrir a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME). En las próximas horas, la UME intervendrá en varios centros de la Comunidad de Madrid que se encuentran en situación crítica.

Cabe destacar que los agentes no se encargarán de atender a mayores desde un punto de vista sanitario, y su labor se limitará a las tareas de limpieza, comida, logística y traslado de enfermos o fallecidos. En definitiva, el trabajo que no se esté cubriendo por falta de personal.

Así, los centros que sufran esta situación deberán comunicarlo a la Delegación o Subdelegación de Gobierno que corresponda, así como a la consejería de Servicios Sociales de la comunidad autónoma pertinente, para que se active el protocolo de auxilio urgente. En este sentido, será la vicepresidencia de Derechos Sociales la encargada de indicar al Ministerio de Defensa a qué residencias deben acudir los agentes de la Unidad Militar de Emergencias.

Las mismas fuentes del Gobierno han advertido que en el caso de que esto no surtan efecto las medidas que se recogen en dicho protocolo no descartan implementar otras de carácter más drástico.