La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) ha elevado a casi el doble, de 23.884 a 43.607 euros, el perjuicio económico que sufrió la empresa del estado norteamericano de Delaware en la operación de venta el ático de Estepona (Málaga) al expresidente madrileño Ignacio González.
La UDEF ofrece algunas aclaraciones de un informe anterior en el que se exponían "irregularidades" y "lagunas de información" en el proceso de compra del ático.
En ese informe anterior, la Udef apuntalaba sus sospechas de que la operación de compraventa fue un fraude en que fue "ruinosa" para la sociedad de Delaware que adquirió la propiedad en 2008, Coast Investors, la alquiló luego a Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, por un precio muy inferior al de mercado, y más tarde se la vendió.
Ahora, eleva esa cantidad a casi el doble teniendo en cuenta lo que cobró supuestamente de alquiler Coast Investors (dos cuotas directamente no se pagaron), que luego el matrimonio González-Cavero pagó en apariencia por el piso solo 741.100 euros y, finalmente, varios miles de euros que tuvo en pagar la empresa en concepto de reparaciones.
"Con respecto a lo reflejado en el anterior informe, se puede observar que la operación desde el punto de vista de Coast Investors es aún más desfavorable, dado que con los nuevos datos la sociedad perdió, en el conjunto de la operación de compra, arrendamiento y venta de una cantidad de 43.607,24 euros, frente a los 23.884,86 euros que constaban en el primer informe", indica el documento.
Sin embargo, afirma que dicha cantidad es una "aproximación" pues "parece razonable la existencia de más gastos".
En el informe remitido al juzgado de instrucción número 5 de Estepona, que investiga esta compra supuestamente fraudulenta, la UDEF propone al juez pedir información tributaria en relación a operaciones entre Coast Investors y el abogado mexicano Rudy Valner, que sirvió supuestamente a González como testaferro en la operación.
El ático investigado lo adquirió Coast Investors en 2008 y en ese momento Lourdes Cavero, la esposa de González -que era entonces presidente de la Comunidad de Madrid-, suscribió un contrato de arrendamiento de la casa por 2.000 euros al mes, cuando el precio medio en esa zona -afirman los denunciantes- eran 6.000.
Unos años después, González y su mujer compran la propiedad a la empresa de Delaware, una sociedad que solo realizó esa operación y que estaba controlada a su vez por una empresa representada por un despacho español que tiene multitud de cuentas en Panamá de ciudadanos españoles.
La vivienda estaba en principio en venta por un millón de euros, pero Coast Investors la adquiere por 750.000 euros y, según la versión de esposa de González, ella vio el inmueble en un anuncio y quiso arrendarlo.