Entre 2002 y 2016 hasta 15 empresas crearon tres cárteles distintos para amañar concursos públicos de infraestructuras ferroviarias. En su resolución, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) describe con todo detalle su 'modus operandi'.

Primero, pactaban cuál de ellas se iba a quedar con un contrato determinado, a veces incluso por sorteo. El segundo paso era organizar una falsa competición. Un ejemplo: para un contrato de 7,2 millones de euros se presentaban al concurso cuatro de las empresas del cártel.

Una se presentaba con una oferta por encima del precio de licitación; otras dos, con ofertas temerarias muy por debajo de ese precio; y una cuarta, por un precio muy similar al de licitación, que era la que ganaba. Por último, la ganadora repartía con el resto una parte del dinero, normalmente un 6%.

Entre las 15 se repartieron contratos públicos por casi 1.100 millones de euros. La CNMC cifra en entre un 20% y un 23% los sobrecostes que pagaron los ciudadanos. Es decir, más de 200 millones de euros.

Los acuerdos entre las empresas incluso se recogían por escrito y algunos aparecen firmados al pie por los directivos. La CNMC impone a las 15 empresas una multa conjunta de 118 millones de euros y otros 666.000 a los directivos responsables.