Fernando tiene 80 años y supo que a su padre lo habían fusilado gracias a unos retales que guardó el enterrador "para que se pudiera identificar al fallecido si venían los familiares".
Le enterraron en una fosa común encima de la que acabaron asfaltando y ahora quiere hacerse una prueba de ADN que ayude a encontrarlo. "Quiero que puedan identificar a mi padre si un día llegan a excavar y sacar los restos para que mis hijos y mis nietos puedan recoger los restos", explica Fernando, que añade: "Yo no creo ya que llegue".
Las asociaciones reclaman que se haga un banco de ADN a nivel estatal como el que prepara la Comunidad Valenciana. "No puede ser que las víctimas tengan que depender del lugar dónde haya nacido", lamenta Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria.
Antropólogos forenses tienen que lidiar con la impotencia de exhumar víctimas a las que no se consigue identificar. Uno de ellos es Javier Iglesias, que nos cuenta que las familias en muchas ocasiones se conforman con poder enterrarlos "en un lugar digno".
Piden que los laboratorios públicos se encarguen de las muestras de ADN y que el Estado ponga dinero para las exhumaciones. Se calcula que puede haber hasta 150.000 víctimas en fosas y cunetas, y de momento sólo se han exhumado 8.000.