Es una prioridad para el Gobierno y por eso la propia ministra se pone al frente de la comisión que estudia cómo recuperar una jurisdicción universal cercenada por el PP hace cuatro años.
"Tienen las ideas absolutamente claras de la defensa, de la justicia universal, de radicar la impunidad y sobre todo de salvaguardar los derechos de las víctimas de tan graves crímenes", explica Manuel Ollé, profesor de derecho penal y miembro de la comisión.
La limitación provocó, entonces, el cierre de varios casos como la investigación del genocidio del Tibet o el asesinato en Irak del cámara José Couso, que ahora podría reabrirse.
"Valoramos positivamente iniciar otra vez el juicio. Queremos ver hechos, entendemos que el comité de expertos es bueno, pero también que cuenten con las víctimas", señala el hermano de José, David Couso.
Las asociaciones de jueces que hace cuatro años se mostraron contrarias a esta limitación acogen positivamente la medida. "Se puso de manifiesto por distintos operadores jurídicos que era una restricción grave, un retroceso", explica Rosa María Freire, miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria.
Pero desde PP le piden al Gobierno que defienda la justicia española antes de ir más allá. "Que se preocupen más por la justicia en España, que es ahora mismo la prioridad, y que cuando quieran hablamos de la justicia universal. Pero primero que cumplan con su obligación como gobierno", exige el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
Pero el Gobierno sí va más allá. Restablecer lo perdido, sí, pero también ampliarlo a la jurisdicción civil para poder perseguir otro tipo de crímenes como la delincuencia financiera.