Un día después de que los abogados del rey Juan Carlos I anunciasen que el emérito ha pagado más de 678.000 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal, fuentes jurídicas laSexta informan de que la Fiscalía notificó el pasado mes de noviembre al rey la apertura de diligencias por los fondos que le donó el empresario mexicano Allen-Sanginés Krause a través de un supuesto testaferro de su confianza, el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza.

Esa comunicación formal es un trámite ordinario, pero puede tener su importancia porque, según las mismas fuentes, la Fiscalía del Supremo va a estudiar esta circunstancia para determinar si valida o anula la regularización de fondos que ha realizado el rey emérito.

Eso se debe a que en el Código Penal se recogen varias salvedades para la posibilidad de hacer regulaciones tributarias. Entre ellas que la Fiscalía o que la Abogacía del Estado presente una querella o que la Agencia Tributaria abra una investigación.

También cuenta como excepción que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción comunique formalmente a los afectados la apertura de diligencias, el caso concreto que atañe al monarca.

Los impuestos que ha pagado ahora Juan Carlos I corresponderían supuestamente a su uso de tarjetas opacas, con las que el monarca pagó hoteles, y viajes, entre otros gastos, con dinero procedente del empresario mexicano.

Por ello, Anticorrupción investigará el origen del dinero para comprobar si, efectivamente, todo procede del mencionado magnate o se están regularizando otros fondos.