La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado aplicar en el juicio por la salida a bolsa de Bankia la denominada 'doctrina Botín', que supondría eliminar del proceso a las acusaciones populares, al considerar que el presunto perjuicio derivado de dicha operación no se limitó únicamente al FROB.
La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
En su exposición, la fiscal Carmen Launa ha defendido la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas "de la cuarta entidad financiera del país", que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió 23.000 millones de euros de rescate.