El diálogo ha saltado por los aires a pesar de que Gobierno y PP casi daban por cerrada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Diferencias "irreconciliables" han hecho que la negociación se haya ido a pique empujando, de nuevo, al órgano de gobierno de los jueces a la interinidad, situación en la que lleva sumido más de dos años.

Pedro Sánchez ha criticado duramente que el PP haya parado las negociaciones y ha acusado a la formación de bloqueo. Los 'populares' justifican la ruptura porque había candidatos de Podemos.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y Ricardo de Prada, uno de los jueces del caso Gürtel, son, en principio, los dos nombres sobre los que más discrepancias se han generado.

"Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas. Hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación", ha criticado duramente Pedro Sánchez en rueda de prensa este viernes.

"Con Podemos, no", ha zanjado Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado. "Nosotros no podemos admitir ilegalidades, propuestas que van en el sentido contrario de lo que queremos, despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. De Prada es un juez en servicio activo y la delegada para la violencia de género, la señora Rosell, una política en activo", ha respondido tajante Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Unidas Podemos no comprende por qué las negociaciones se han parado. "La excusa que ha puesto el PP vinculada a Unidas Podemos no ha sido un impedimento para llegar a un acuerdo en la renovación de Radio Televisión Española", ha contestado Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos-En Comú en el Congreso.

En este sentido, los de Pablo Iglesias afirman que el PP quiere controlar el poder judicial por los casos de corrupción que le afectan.

Precisamente, el fin de las negociaciones sobre el CGPJ ha llegado menos de 24 horas después del primer gran acuerdo de la legislatura para renovar el Consejo de Administración de RTVE. Rosa María Mateo dejará de ser la administradora única de RTVE y José Manuel Pérez Tornero pasará a ser el presidente de la Corporación.

El PSOE ha indicado a laSexta que el diálogo sobre la televisión pública ha sido entre PSOE, Unidas Podemos, PP y PNV. No obstante, el PP ha apuntado que únicamente han participado el grupo socialista y el popular.

Ciudadanos ha hablado de "pantomima" y ha denunciado que el proceso se ha "adulterado", en palabras del diputado Guillermo Díaz. Vox ha arremetido contra la decisión y los diputados de la formación de extrema derecha han llegado a gritar con sorna en el Congreso "que se besen, que se besen".

Tribunal Constitucional

Otra de las instituciones sin renovar por el cruce de vetos entre los grupos parlamentarios del Congreso es el Tribunal Constitucional.

En noviembre de 2019 finalizó el mandato de nueve años de cuatro de los 12 miembros que lo integran. Su presidente, Juan José González Rivas, ha pedido formalmente a la Cámara Baja que inicie el procedimiento para su renovación, sin embargo, todo apunta a que seguirán en funciones a pesar de que ha habido ya negociaciones.

Según el artículo 159 de la Constitución, de la totalidad de los miembros del tribunal cuatro son propuestos por el Congreso por mayoría de tres quintos (los que deben renovarse); cuatro propuestos por el Senado por la misma mayoría; dos propuestos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.

Defensor del Pueblo

Por otro lado, el nombre del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sonado con fuerza para ser Defensor del Pueblo, institución que también debe renovarse. Él mismo ha respondido que "para cualquier ciudadano español ser Defensor del Pueblo sería un gran honor", sin embargo, ha añadido que nadie le ha comunicado nada y que está entregado "plenamente" a su misión "en Madrid".

Para su renovación es necesario que una comisión mixta de Congreso y Senado proponga un nombre y posteriormente tres quintas partes del Congreso lo respalden. A continuación, en un plazo máximo de 20 días, el Senado debe ratificar el nombramiento.

Desde el verano de 2017, Francisco Fernández Marugán ocupa este puesto después de que su antecesora, Soledad Becerril, rechazara permanecer en el cargo más allá de los cinco años que indica la ley.

Tribunal de Cuentas

El próximo julio el Tribunal de Cuentas también debe renovarse al llegar a su fin su mandato de nueve años. Según la ley, los 12 consejeros que lo componen los eligen el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos. La presidencia de este tribunal se renueva cada tres años ente los distintos consejeros que lo integran.

Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos

Desde julio de 2019 la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su adjunto también debe renovarse. Son nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia entre personas de reconocida competencia en la materia. La duración del mandato es de cinco años y puede ser renovarse por otro periodo similar.