Lleida es el último caso en una lista de brotes vinculados a las condiciones de vida de los temporeros. En las próximas campañas de la patata, la aceituna o la uva, el sector agrícola va a extremar las medidas de seguridad. "Se harán todas las pruebas necesarias para evitar cualquier tipo de contagio", ha explicado Juan José Álvarez, director de Asaja.

Pero, pese a las pruebas, los agricultores alertan de que los temporeros conviven con otros migrantes, que se desplazan en busca de trabajo. Una situación que escapa a los controles. "El Gobierno tiene que resolver ese problema porque esas personas van a huir siempre de cualquier autoridad, incluida la sanitaria", ha señalado Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Son migrantes, que por miedo o desconocimiento, no acuden al médico y que habitan asentamientos sin unas condiciones mínimas de salubridad. "No tienen acceso a luz o a agua corriente. En el contexto del coronavirus, es más grave", ha lamentado Irene Quirante, técnica de Integración de la Asociación Marroquí.

Expertos en salud pública recomiendan una mayor presencia de epidemiólogos en el terreno que detecten casos e inspeccionen explotaciones. "Aconsejando a trabajadores y empresarios sobre lo que hacen bien y lo que no", ha destacado Miquel Porta, catedrático de epidemiología del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM).

Proponen además un salario para los positivos detectados que les disuada de acudir infectados a las explotaciones. "Es bueno para la salud de estos trabajadores, pero también para la zona afectada por el brote y la economía del conjunto de la comunidad y del país". Una medida también económica porque evitaría brotes en el campo y el cierre temporal de las explotaciones.