Uno a uno, han ido llegando los nueve empresarios arrepentidos ante la Fiscalía Anticorrupción. Todos han firmado un acuerdo que les evitará entrar en la cárcel tras haber reconocido que financiaron de forma ilegal las campañas del PP en las elecciones de 2007 y 2008, en la etapa de Francisco Camps.
El constructor Enrique Ortiz ha sido el primero en confesar este sistema, que les permitía acceder a suculentas adjudicaciones. "A mí me gustaría que nos veamos tú y yo para que estas obritas que van a salir, coño, a ver si nos echan una mano", se escuchaba pedir a Ortiz en una conversación telefónica con David Serra, exvicesecretario del PP de Valencia.
Siguieron los pasos de Ortiz otros tantos como Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino. Entre la cúpula del PP de Camps hay preocupación por el alcance de la confesión de los empresarios. También, en cómo afecte al juicio previsto para el 13 de marzo.
Se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra. Sin embargo, Camps nunca ha salido salpicado en la instrucción. En este sentido, el gobierno valenciano aclara que ya no se puede hablar de presunta financiación. "Se habla de un Partido Popular que efectivamente se ha financiado ilegalmente", ha señalado la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.
Ciudadanos ya se ha apresurado a solicitar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados tras los últimos episodios de la Gürtel valenciana; una comisión "en la cual se puedan investigar todos estos hechos", ha precisado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. La intención es promover esa comisión durante este mes de febrero.
