Concha vive en una casa desde hace tres años. Dentro de dos se termina su contrato de alquiler con la empresa municipal de vivienda. La suya es una de las 1.860 viviendas públicas que el equipo de la entonces alcaldesa Ana Botella vendió a un fondo buitre en 2013.
Ahora, la Cámara de Cuentas de Madrid concluye en un informe que esa venta "vulneró las reglas más elementales de buena gestión". No hubo tasación oficial, ni pliego de condiciones, ni verdadera concurrencia de interesados en la compra.
Unas irregularidades que Ciudadanos, Ahora Madrid y PSOE, quieren llevar a la justicia. En la comisión de investigación del ayuntamiento, los técnicos han coincidido en que el control que estipula la ley puede ser insuficiente. Y lo han hecho con la ausencia del PP.