Koldo pide la libre absolución ante la "fabulación" de Anticorrupción y tilda a Aldama de "ornitorrinco procesal"

Koldo García ha pedido la libre absolución. Así lo ha hecho según el escrito presentado por su defensa y al que ha tenido acceso laSexta, en el que su abogada ha calificado de "fabulación" la tesis que sostiene Anticorrupción sobre la existencia de una organización criminal que habría amañado las adjudicaciones. Además, ha cargado contra Víctor de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal" y ha pedido que declaren como testigos Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Salvador Illa, president de la Generalitat.

El texto niega "de forma rotunda y en profundidad el relato de los hechos que contiene el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal", al igual que el de la "acusación popular unificada" y el del "ornitorrinco procesal Víctor de Aldama": "Dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo indicio o probatorio, vulnerando con ello el principio de inocencia de mi representado".

"Se expone a continuación el relato fáctico que, a juicio de esta parte, debe quedar acreditado tras la fase de plenario, y que justifica la pertinencia de la prueba que se solicitará posteriormente", exponen, para pedir que el interrogatorio de Aldama "preceda al resto y se someta al régimen de contradicción propio de un testigo".

E insisten sobre la figura de Aldama: "Dada su condición de 'ornitorrinco procesal', acusado que actúa como acusador de facto, su testimonio es la base del 'relato fabulado' del fiscal. Impedir que esta defensa le interrogue con carácter previo y con obligación de veracidad sobre los hechos que afectan a mi representado generaría una indefensión material insubsanable".

Además, en el escrito cargan contra la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, que señaló a José Luis Ábalos apuntando a la existencia de "irregularidades" en los contratos de mascarillas.

El texto de la defensa de Koldo hace referencia a una comparecencia pública del actual ministro, en la que dijo que parecía "evidente" que los "requisitos exigibles" para las compras mediante contratos de emergencia "no se cumplieron".

El equipo legal de Koldo afirma que el informe fue un encargo ad hoc y que se realizó con una "evidente orientación incriminatoria", y subraya además que "contradice abiertamente" las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas.

Todo, después de que Aldama reconociera los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada en un escrito que deja muy señalados tanto a Ábalos como con el propio Koldo. En el texto, al que ha tenido acceso laSexta, se presenta en el marco del primer juicio del caso Koldo por las adjudicaciones de mascarillas en el Ministerio de Transportes. Pide, además, que se rebajen contra él los siete años de cárcel solicitados por la Fiscalía Anticorrupción por su colaboración "proactiva".

Una que se ha traducido en "escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados".

"Víctor de Aldama fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también investigado Koldo García y José Luis Ábalos, garantizaba mediante el pago continuado de cantidades elevadas de dinero, consiguiendo así para sí o para terceros y con beneficio económico propio la adjudicación de determinados contratos", detalla el escrito.

También ratifica el pago de comisiones a Ábalos y Koldo, las cuales se solicitaron "por ambos por este concepto en la cuantía de 2.000.0000 y 500.000 euros, respectivamente".

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.

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