El 3 de julio de 2006 se producía el mayor accidente de metro de la historia de España. Un convoy de la Línea 1 descarriló entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, en Valencia. El balance de víctimas fue trágico: 43 fallecidos y 47 personas heridas.

Apenas cinco días después, el Gobierno valenciano cerraba la comisión de investigación del accidente bajo la premisa de que la causa principal del siniestro fue el exceso de velocidad, culpando así al maquinista, muerto en el accidente.

Una versión que nunca aceptaron los familiares de las víctimas: "No vamos a permitir que esa esa la conclusión final". Por eso crearon la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Con esta plataforma, exigían responsabilidades en manifestaciones que pasaron de ser poco numerosas a más multitudinarias.

Todo, después de que el programa 'Salvados', tres años después de la tragedia, sacara a la luz que Ferrocarrils de la Generalitat preparó las declaraciones de aquella comisión. Culparon como responsable de orquestar esa versión al entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino.

"No tengo nada que responderle, ni a usted ni a nadie", manifestó Cotino a Évole cuando el periodista le preguntó por la investigación de estos hechos. Nueve meses después de la emisión de ese programa de Salvados, se reabrió la investigación. Y en julio de 2015, nueve años después del accidente, el gobierno de Ximo Puig aprobó una nueva comisión de investigación.

"La investigación está abierta y queremos que se depuren responsabilidades. Que se demuestre quienes fueron los responsables", reclamó entonces Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de víctimas del Metro 3 de julio. Finalmente, esa comisión atribuyó el siniestro a la falta de seguridad y se responsabilizó políticamente de lo ocurrido a Francisco Camps y a Juan Cotino.

"Intenté hacer todo aquello que creía que podía y debía hacer", se justificó el expresidente de la Generalitat Valenciana. En febrero de 2018 se reabrió el caso por tercera vez, y en octubre la jueza procesó a ocho exdirectivos de la empresa pública responsable de la gestión de los ferrocarriles valencianos.

Ahora, 13 años después, cuatro de esos ocho exdirectivos han aceptado la condena de 22 meses de prisión. "Se ha cumplido lo que nosotros llevábamos reivindicando, luchando y denunciando estos 13 años", ha destacado Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia.

Con este acuerdo entre la fiscalía y los acusados se evita el juicio previsto. A la espera de que el juez lo ratifique, la asociación de víctimas celebra que, por fin, se haya hecho justicia.