La Justicia madrileña ha avalado el cartel racista que Vox colgó en la estación de Sol de la capital durante la campaña de las elecciones regionales del 4-M ya que "puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los 'Menas'", y dichas cifras, "con independencia de si son o no veraces", "representan un evidente problema social y político".

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso laSexta, avala la decisión judicial que permitió la permanencia de ese cartel y descarta que constituya un delito de odio ya que sería necesaria instigar a la violencia explícita contra ese colectivo.

Por contra, lo define como "un eslogan electoral" y señalan que pertenece a "los excesos verbales" propios de las campañas electorales.

Según el auto, el mensaje estaría amparado por la Constitución, en concreto por los derechos de pluralismo político, libertad ideológica y de expresión.

"No cabe, pues, tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, esta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos", zanja la Audiencia.

Así creó Vox su mentira

Los famosos 4.700 euros son el resultado de una división hecha por Rocío Monasterio y su equipo: una media sacada de un acuerdo marco firmado por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2019 en el que se establecían las características base que han de cumplir todos los contratos para cada vez que se liciten las plazas que se van necesitando para tutelar menores en la región. El plazo previsto de ejecución era de 2 años.

La partida, con un valor estimado de 24.648.019 euros, no está pensada para darle ningún sueldo a estos niños y adolescentes. El dinero no va a parar a ellos, sino que, principalmente, cubre aspectos como el pago de los trabajadores que los atienden, el mantenimiento de las instalaciones o la formación y sus programas educativos.

Con datos oficiales de 31 de marzo de 2021, hay 3.709 menores que cuentan con medidas de protección en la Comunidad de Madrid. El 71,1% de los niños y adolescentes tutelados por el Gobierno regional son españoles: 2.637. Los 1.072 restantes son extranjeros, no necesariamente 'mena'. Los que sí caben en esa definición tan sólo suponen el 7,2%. Exactamente, 269 menores. Ni más, ni menos.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican en conversación con laSexta que esto “no es una ayuda social. Es el coste de recursos de atención”, especifican. La Comunidad de Madrid tiene una red de centros y recursos residenciales para protección de menores sobre los que tiene medidas de protección asignadas.