Acuerdo Gobierno-Junts
Junts pacta con Consumo blindar el catalán en la ley de atención al cliente en las grandes empresas
Los detalles Este compromiso afectará a aquellas compañías que tengan más de 250 trabajadores en plantilla o una facturación que supere los 50 millones de euros.
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Junts per Catalunya ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que las grandes empresas en España estén obligadas a atender a sus clientes en catalán si así lo solicitan. Este compromiso afectará a compañías con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros. La enmienda, presentada por el diputado Josep María Cruset, busca garantizar los derechos lingüísticos en la atención al cliente. Junts advierte que votará en contra de la ley si no se incluye este texto. Además, la propuesta contempla formación obligatoria en catalán para el personal de atención al cliente, asegurando que las respuestas se den en la lengua oficial solicitada por el cliente.
* Resumen supervisado por periodistas.
Junts per Catalunya ha acordado con el Gobierno que las grandes empresas que operen en España estén obligadas a atender a sus clientes en catalán siempre que así lo requieran. Este compromiso afectará a aquellas compañías que tengan más de 250 trabajadores en plantilla o una facturación que supere los 50 millones de euros.
"Se asegurarán de que los servicios de atención a la clientela estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, y para garantizar los derechos lingüísticos independientemente de que dicho servicio sea prestado de forma directa o no", indica la enmienda presentada en el Congreso por el diputado de Junts Josep María Cruset.
Se trata de una enmienda presentada por el partido dirigido por Carles Puigdemont a la ley de la atención a la clientela que está en ponencia. Para que esta norma entre en vigor, primero debe aprobarse el informe y, posteriormente, aprobarse en el pleno del Congreso de los Diputados. Fuentes de Junts aseguran a laSexta que, en caso de que el Gobierno no incluye ese texto en el articulado de la norma, sus diputados votarán en contra de la ley.
En el comunicado emitido por Junts, la formación catalana asegura que, con ese acuerdo, se asegurará el derecho de los consumidores "a ser atendidos en catalán por parte de las empresas", evitándose "la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña gracias a la introducción de una disposición adicional en este sentido".
De igual forma, la propuesta de Junts incluye "la formación obligatoria en catalán para los trabajadores de los servicios de atención a la clientela y la sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo en la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente a la empresa".
Con esta medida, la formación nacionalista sostiene que salvaguarda "el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial".