La laguna de Santa Olalla de Doñana, una de las tres lagunas permanentes que tiene el parque, acabó seca este verano, una imagen que marcó un antes y un después y que resume la crítica situación de este paraje: allí, más de la mitad de las lagunas llevan sin inundarse una década.
A pesar de ello, la Junta de Andalucía previsiblemente aprobará este miércoles la tramitación de la proposición de ley de regadíos en este entorno. De esta forma, las explotaciones agrícolas de la zona que llevan años extrayendo agua de pozos ilegales tendrán autorización para ello. Una medida que desde WWF tachan de "amnistía" y "ventaja" para aquellos que han estado "haciendo trampa", en palabras de Juanjo Carmona.
Además, los propietarios de parcelas forestales podrán reconvertir estos terrenos en agrícolas y obtener así el permiso de regadío. De acuerdo con Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, esto "va a aumentar la demanda consolidada en un acuífero que está sobreexplotado".
Sin embargo, los regantes de la comarca, principalmente propietarios de invernaderos de fresas y frutos rojos, aseguran que no son los responsables de la sobreexplotación y defienden que es necesaria una ley para salva guardar la economía local. Julio Díaz, representante de la Plataforma de Regantes de Doñana, advierte de que "1.500 agricultores pueden perder su calidad de agricultores" y que, si no se aprueba, "hay 30.000 empleos que están en riesgo".
Otro punto polémico de la ley es que a estos terrenos agrícolas se les otorga unos derechos de agua, una competencia que no depende de la Junta, sino del Ministerio de Transición Ecológica.
La decisión del Ejecutivo andaluz llega después de que Bruselas amenazara con sancionar a España si la Junta llegaba a legalizar las más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales de la zona.