La Fiscalía Anticorrupción reclama para Diego Torres, que protagoniza las declaraciones del martes, 16 años y medio de cárcel (petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio) por poner en marcha, junto al exduque, una estructura "hueca de contenido real" y "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse de los más de seis millones de euros que obtuvieron de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Para ello, según el fiscal Pedro Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

Torres niega, sin embargo, que la entidad liderada por ambos llevase a cabo actividades ilícitas no relacionadas con sus objetivos fundacionales, y que a los fondos públicos percibidos se les diese un destino irregular. Es más, defiende que la Casa Real estaba al corriente de todos los negocios que Nóos llevaba a cabo con las Administraciones.

De hecho, en uno de los numerosos escritos presentados a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Torres asegura que desde el Instituto "jamás se hizo nada sin antes haber informado" al exsecretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, "y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía".

Tras la declaración de Torres en el juicio, se prevé que comparezca Urdangarin, mientras que queda en el aire la fecha en que serán interrogados los otros dos acusados que restan por deponer: la infanta Cristina y el abogado Salvador Trinxet. Ante la incertidumbre en torno a cómo transcurrirán las declaraciones, el tribunal ha habilitado la primera semana de marzo, de ser necesario, para continuar con los interrogatorios.

Cabe recordar que Torres fue citado por primera vez a declarar el 11 de julio de 2011 -una comparecencia inicial en la que desvinculó a Urdangarin-, cuando las sospechas de los investigadores comenzaron a cernirse sobre la actividad de la entidad y aún debía aflorar todo un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión de Nóos. Pesquisas que, cuatro meses después, llevaron a registrar la sede de la entidad y del entramado societario creado en torno a ella.

A lo largo de la instrucción, el procesado ha aportado numerosos correos y documentos con el objetivo de acreditar que la Casa Real estaba al tanto de las actividades de Nóos. De hecho, en su escrito de defensa llegó a proponer que declaren en el juicio el rey Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía, la Infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. La petición fue finalmente desestimada.