La jueza que investiga a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por la celebración del 8M ha rechazado imputar a Fernando Simón en la misma causa.

Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, Carmen Rodríguez-Medel ha remitido al denunciante a presentar la causa en otros dos juzgados que ya tienen abierta una investigación contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Simón asegura que "ahora mismo" está "centrado en su trabajo" y no sabe nada de esta causa

Precisamente, este mismo jueves la Asociación contra la gestión del COVID-19 presentó un escrito a la jueza para solicitar una ampliación de la denuncia paraimputar a Fernando Simón por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio. Según esta ampliación, que previsiblemente también será rechazada, el doctor hizo dejación de sus funciones y caso omiso de los informes que, aseguran, había publicado la OMS.

En su comparecencia de este jueves, preguntado por esta denuncia, Simón aseguró que no ha "recibido nada" y no sabe de qué se le "acusa", aunque insistió en que hará "lo que diga el poder judicial porque no tiene nada que ocultar, ni decir al respecto" y ahora mismo está "centrado en hacer su trabajo, como todos los miembros del equipo en el Ministerio".

Los testigos niegan presiones para cancelar las manifestaciones

La jueza, además, ha citado para el día 11 de este mes a siete testigos. Todos convocantes de manifestaciones que fueron llamados por la Delegación del Gobierno, según el informe de la Guardia Civil, que sugiere que desde el Gobierno ya se sabía que era un peligro sanitario y se instaba a desconvocar las marchas.

En ese informe,al que ha tenido acceso laSexta, se recoge que en esas llamadas se instaba a algunos convocantes a anular sus manifestaciones a principios de ese mes, entre ellas, una convocada por la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler (APASAA) el 19 de marzo. Sin embargo, según recoge 'eldiario.es', su portavoz, Diana Chnaiker, niega esa versión y dice que se suspendió por el estado de alarma.

Lo mismo ocurrió con la cancelación de una manifestación convocada por el sindicato CGT en Collado Villalba (Madrid) prevista para el 10 de marzo. En el informe que ha recibido la jueza aparece como motivo de esa desconvocatoria que "la manifestación prevista fue cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros".

Si bien, O Connor Oliveros no manifestó esto ante la Guardia Civil. Como se demuestra en la declaración a la que ha tenido acceso eldiario.es, el convocante afirmó que el motivo de la suspensión fue "considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo". Según explica el citado medio, el sindicato iba a protestar por el despido de una compañera pero decidió aplazarlo hasta que se acercara la fecha de la vista.

Pero estos no fueron los únicos casos. Según el diario de 'El País', los convocantes de otras nueve manifestaciones también desmienten que fueran presionados para suspenderlas. De estos, nueve afirman que la Delegación del Gobierno se puso en contacto con ellos telefónicamente, pero que en esas llamadas no les instó a suspender los actos.