Pide documentación
La jueza de la DANA investiga la muerte de ocho residentes en viviendas tuteladas por la Generalitat en Picanya
Los detalles La magistrada Núria Ruiz Tobarra ha reclamado a la Conselleria de Servicios Sociales y al Instituto Valenciano de Vivienda documentación sobre las decisiones que tomaron e impidieron poner a salvo a las ocho víctimas mortales de dichas casas en Picanya.
Resumen IA supervisado
La jueza Núria Ruiz Tobarra investiga la muerte de ocho residentes en viviendas tuteladas de Picanya, gestionadas por la Generalitat Valenciana, tras la DANA. Ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales e Instituto Valenciano de Vivienda documentación sobre las decisiones tomadas ese día que impidieron salvar a las víctimas. La investigación responde a la solicitud de un familiar de las víctimas. Ambas entidades deben aclarar al juzgado en tres días si los residentes recibían prestaciones asistenciales y si contaban con teleasistencia. También se ha pedido al centro de día cercano que informe sobre el posible desalojo de sus usuarios. Las víctimas, de entre 78 y 98 años, eran autosuficientes.
* Resumen supervisado por periodistas.
La jueza de la DANA, Núria Ruiz Tobarra, investiga también la muerte de ocho residentes en las viviendas tuteladas gestionadas por la Generalitat Valenciana en la localidad de Picanya, según una providencia notificada el viernes a las partes a la que ha tenido acceso laSexta.
En el escrito, la magistrada reclama a la Conselleria de Servicios Sociales y Instituto Valenciano de Vivienda documentación sobre las decisiones que adoptaron aquel día y que impidieron poner a salvo a las ocho víctimas mortales en dichas casas.
Esta decisión ha sido tomada después de la solicitud de la defensa de una familiar de las ocho víctimas y, tras la cual, ambas entidades tendrán que aclarar al juzgado en el plazo de tres días "si los residentes en las viviendas para mayores recibían prestaciones asistenciales, y en su caso, de qué tipo, con qué periodicidad, si estaban sometidas a algún tipo de contraprestación, y si la eventual asistencia a los residentes iba acompañada de dispositivos de teleasistencia".
Además, también se ha requerido al centro de día situado junto a las dichas viviendas que informe, en el mismo plazo, "si los residentes o usuarios de dicho Centro de día fueron desalojados y, en su caso, de qué información disponían para haber procedido a dicho desalojo".
Las víctimas todas eran personas de avanzada edad (entre 78 y 98 años), pero todavía eran autosuficientes para vivir de manera independiente.
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