El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido al PP que le remita la información de su cuenta de "Gastos de Representación" de 2004 a 2012, así como los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cantabria, La Rioja, Cataluña y Málaga y Sevilla entre 1997 y 2007.
En un auto, Ruz acuerda una serie de diligencias de documentación pedida por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral tras la toma de declaración de ocho empresarios que aparecen como supuestos donantes al PP en los papeles manuscritos atribuidos al extesorero de la formación Luis Bárcenas, que reflejarían una supuesta contabilidad B en el partido.
Entre ellas, acuerda la información de 2001 a 2008 de los registros de entrada a la sede del PP de la calle Génova relativa a los ocho constructores querellados que comparecieron esta semana y la pasada en la Audiencia Nacional.
Estos empresarios son Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; Manuel Contreras, del grupo de empresas Azvi SL, y Juan Manuel Fernández, de Aldesa Construcciones.
Dos de ellos, el expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja y el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, reconocieron que hicieron pagos al PP en la sede del partido.
Otras de las diligencias pedidas son información a la Agencia Tributaria sobre cobros y pagos realizados por terceros al PP de 1990 a 2005 y testimonio de las declaraciones del impuesto de sociedades del partido de 2007 y 2008.
En cuanto a la información de las contabilidades territoriales, el juez pide a la tesorera del PP, Carmen Navarro, los libros del mayor y diario de Galicia entre 1997 y 1999; de Málaga los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 2007; de Cantabria de 2004, 2007 y 2008; de Sevilla de 2004 y 2008; de La Rioja de 2008 y de Cataluña de 2007.
Respecto a la cuenta titulada "gastos de representación", el juez que instruye la supuesta contabilidad paralela en el partido pide a la tesorera su soporte documental, "incluidas las órdenes de transferencia bancaria" y "las anotaciones contables acreditativas de los pagos".
Reclama también, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, "todo tipo de contratos" de ocho empresas que figuran como donantes en los papeles con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las locales y los organismos autónomos, "en relación con la eventual concesión a las mismas de adjudicaciones públicas".
En concreto, reclama los contratos públicos de las sociedades Sorigue-ACSA, Conservación de Infraestructuras; Sorigue; José Antonio Romero Polo; Licuas; Desprosa; Grupo de Empresas Bruesa; Bruesa Construcción y Cyopsa-Sisocia. Finalmente, reclama a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones con terceros de una treintena de empresas.