En un auto, el juez les atribuye los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas y les impone esta cuantía de forma solidaria a petición de la acusación ejercida por el Banco de Castilla La Mancha, que lo reclamó por el perjuicio económico que le pudieron ocasionar el "conjunto de operaciones" investigadas.
Para ellos, la Fiscalía pidió el pasado 21 de octubre dos años y medio de prisión pero solo por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí aprecia Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación". Mientras, el Banco de Castilla La Mancha eleva su petición a cinco años y medio de prisión, y la otra acusación, ejercida por Adicae, la deja en cinco.
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.