García Paesa fue detenida el pasado jueves en Luxemburgo, donde residía, en el marco de una operación contra los supuestos autores de este fraude en la que se arrestó a un total de diez personas, de las que cinco -directivos y exdirectivos de la UTE concesionaria- ingresaron el pasado viernes noche en prisión sin fianza por orden de Ruz.

En el auto de prisión, el juez de la Audiencia Nacional le imputa los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal y falsedad documental, han informado fuentes jurídicas.

En Luxemburgo, donde fue detenida, García Paesa trabajaba como abogada en un despacho que supuestamente ayudó a desviar al menos 41 millones a las empresas adjudicatarias del contrato de suministro de material policial a Angola, suscrito por un total de 152 millones de euros. El juez le atribuye la constitución y gestión de varias empresas radicadas en paraísos fiscales, desde las cuales se recibían los fondos transferidos de las cuentas de la UTE Defex Cueto.

Desde varias de esas empresas radicadas en Luxemburgo e Islas Vírgenes británicas se realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios públicos angoleños, de sociedades relacionadas con los querellados y en beneficio de los propios querellados. Según el juez, de la investigación desarrollada en Luxemburgo y de las diligencias de la Fiscalía se desprenden indicios de la participación de García Paesa en este entramado.

De hecho, se considera decisiva su función en el presunto delito de blanqueo de capitales, fruto de los delitos cometidos presuntamente en España y Angola, por los que se habrían desviado fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Policía Nacional de Angola por parte de la UTE formada por Defex y Comercial Cueto 92.

El despacho de abogados creó supuestamente una estructura financiera para blanquear los fondos desviados en un periodo temporal que abarca de 2008 a 2012, para lo que usó paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.

Según relata el juez en el auto de prisión del pasado viernes, el contrato con el país africano se firmó en junio de 2008 y de acuerdo al mismo las empresas españolas se comprometían a suministrar vehículos, uniformes, equipamientos de comunicación y demás material a la Policía Nacional de la República de Angola, con un beneficio de partida para las empresas de entre 200 y el 300%.

Al juez no le consta la manera en que se tramitó la concesión, adjudicada "en condiciones absolutamente desfavorables" para Angola, y destaca que mientras que el gobierno angoleño pagó los 152 millones de euros, "no se puede afirmar que el contrato se haya cumplido".

Entre las personas que ingresaron el pasado viernes en prisión figura José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex(empresa perteneciente a la Sepi y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa). Ruz también envió a la cárcel a Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Ángel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex.