El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado levantar las imputaciones que pesaban sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una 'caja b' también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al exconsejero Francisco Granados.
Si se juzgará la financiación irregular del PP madrileño en las elecciones de 2011. En esas elecciones autonómicas de 2011 el juez subraya que el coste real ascendió a 6,8 millones de euros y el declarado a la Cámara de Cuentas fue de 2,9 millones.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica', por considerar que el hecho de que tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla.
También sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito. El auto de procesamiento empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, esta pieza separada número 9 de 'Púnica', la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación.
Archiva la causa a 71 personas. Además de Aguirre y González, los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como para los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.